En la Asamblea se trata el juicio político de Carlos Ochoa

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Quito (EFE).- A las 16:00, de este lunes 12 de marzo, se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional la sesión 504 para tratar el tema de juicio político al exsuperintendente de Información y Comunicación Carlos Ochoa  bajo la acusación de haber incumplido las funciones en el desempeño de su cargo.

 

 

El pasado miércoles el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio lo destituyó como responsable de la Superintendencia de Información y Comunicación tras un informe de la Contraloría que cuestionaba su gestión cuando fue director de noticias del canal público Gamavisión.

"Nos parece muy positivo que se dé paso al juicio político porque servirá para que responda por el mal uso, abusivo y arbitrario de la Ley de Comunicación", manifestó a Efe César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, conocida como Fundamedios.

Aprobada en 2013 por el anterior Gobierno de Rafael Correa, dicha legislación que oficialmente buscaba acabar con la mala praxis periodística, fue denunciada por medios independientes como una "ley mordaza" con la que se persiguió y limitó su labor profesional.

El responsable de Fundamedios precisó que el Parlamento había propuesto el inicio del proceso político por "el uso doloso, porque se ha comprobado que (Ochoa) usaba la Ley de Comunicación incluso para beneficiarse de forma personal".

El juicio político es un mecanismo parlamentario recogido en la Constitución ecuatoriana y destinado a cuestionar y eventualmente inhabilitar a un político o cargo público por diferentes motivos.

Una vez destituido, Ochoa se enfrenta a una moción de censura a raíz del juicio sobre su gestión y desempeño de sus funciones.

De acuerdo a Ricaurte, Ochoa podría además afrontar "responsabilidad penal" por la "falsificación" de la normativa de comunicación, que "sirvió para acusar a una docena de medios de comunicación".

En los últimos años Ochoa fue duramente criticado por gremios de prensa y empresas periodísticas por haber emitido costosas sanciones económicas a medios de comunicación privados, que consideraron estas acciones parte de una campaña intimidatoria y de persecución política por parte del anterior presidente Correa.

El destituido superintendente ha negado las acusaciones y remarcado que bajo su gestión se sancionaron supuestos abusos informativos cometidos por parte de ciertos medios.