Exalcalde Marco Almeida: El Municipio de Ibarra no debe pagar ni un centavo a la familia Morejón

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Ibarra.- La omisión de un convenio firmado en 1987  en el que Jorge Morejón autoriza al Municipio la ocupación de manera “definitiva e irrevocable” de áreas de terreno, que actualmente están en litigio, daría un giro a este caso que actualmente está juzgado y cuya sentencia establece el pago de 10 millones 193 mil dólares por parte de la Municipalidad a la familia Morejón.  


El documento lo firmaron en agosto de 1987 el alcalde de ese entonces, Marco Almeida, el procurador síndico, Ramiro Aguilar y Jorge Morejón, propietario del predio.

El exalcalde Marco Almeida explica que a finales de su período y tras el terremoto del 87, surgió la posibilidad de realizar la prolongación de la Teodoro Gómez y, a través de la Heleodoro Ayala, conectarla con la Av. Mariano Acosta.
Solicitó entonces el apoyo de Jorge Morejón para realizar las aperturas de las vías. Sin embargo, pese a la existencia de este documento, el 24 de febrero de 1992 Jorge Morejón firma un contrato de ocupación de áreas con el alcalde de ese entonces, Alfonso Pasquel.


Al firmar este nuevo acuerdo se omite el documento anterior, pero no se lo anula. “Al contrario se facilita una serie de acciones que resultan contraproducentes para la municipalidad”, cita Almeida. Se refiere al compromiso que asume el cabildo en 1992 para realizar obras de urbanización, pero para ejecutarlas se debió contar con planos definitivos como rasante de la calle, alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, telefonía, responsabilidad que debía cumplir la familia Morejón, pero que no lo hizo,  según Marco Almeida.


El exalcalde precisa que no existe confiscación de los predios y que desde la Municipalidad se cometieron “graves errores” en la cuantificación del área y que esta equivocación fue inducida ante el incumplimiento de la familia Morejón.   

Respuesta de la familia. Galo Morejón, hijo de Jorge Morejón, precisa que el documento no tiene validez jurídica por el error en la cédula de su padre y que no consta la firma de su madre.

También agrega que el documento de 1987 sirvió como borrador para legalizar las escrituras y para perfeccionar el convenio firmado en 1992.

Marco Almeida: El Municipio no debe pagar nada

almeidaComo extraña califica el exalcalde Marco Almeida la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Agrega que no es correcta el área de 67 955 metros cuadrados que asegura la familia Morejón, sino 42 460 metros cuadrados.

Pero, además, sostiene que el Municipio no debe pagar absolutamente nada porque de acuerdo a las normas municipales cuando un urbanizador decide realizar las obras para vender los lotes útiles que le quedan establece un compromiso con el Municipio, entregando en forma gratuita todas las áreas necesarias para calles, avenidas, áreas verdes y comunales, sin que esto represente una pérdida para el propietario.

Álvaro Castillo: El tema legal es la solución

castilloEl alcalde Álvaro Castillo afirmó que no conocía sobre el documento firmado en 1987.  Sostiene que existe una posibilidad de solicitar ante la Corte Constitucional la nulidad de la sentencia. Informó que la Procuraduría General del Estado analiza si cabría iniciar un juicio político contra los peritos  que avalaron la medición de los predios y concluyeron que son 67 mil metros cuadrados. 

Castillo manifiesta que no se perjudicará a la familia Morejón, pero “peor aún a la ciudad”.

Hechos

1979. El 16 de enero, la Curia de Ibarra vende 221 183 metros cuadrados a uno de sus trabajadores, el señor Jorge Morejón, en 11 millones de sucres.

1987. El 19 de agosto se firma un convenio en el que Jorge Morejón entrega de manera irrevocable y definitiva áreas de terreno al Municipio de Ibarra.

Entre septiembre de 1987 y abril de 1988 el Municipio inició la apertura de las avenidas (ampliación Teodoro Gómez hasta le Heleodoro Ayala).

1992. El 24 de febrero el alcalde Alfonso Pasquel, Ramiro Aguilar, Jorge Morejón y su esposa celebran el contrato de ocupación de áreas y ejecución de obras. 

2006. El 11 de enero el Tribunal anula el contrato de 1992 para que las cosas vuelvan al estado anterior, pero las vías no se pueden volver a cerrar y se establece un monto de pago.

2017. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelve que el Municipio debe pagar $10 millones 193 mil a la familia Morejón por 67 mil metros cuadrados de terreno.