Alrededor de 11 000 de las 32 000 personas privadas de libertad que tiene Ecuador, equivalente a un tercio de la población penitenciaria, se identifica con alguna de las bandas criminales que se disputan el control interno de las cárceles y cuyos enfrentamientos han dejado más de 400 reos asesinados desde 2020.
Así lo indicó el miércoles el director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, con base en estimaciones realizadas por el organismo estatal, encargado de administrar y custodiar las prisiones, donde desde el lunes se ha iniciado el primer censo penitenciario de la historia del país.
Ramírez indicó en una comparecencia con periodistas que el SNAI tiene identificadas entre nueve y 10 bandas que son las causantes de esta crisis carcelaria. Si bien reconoció que los indicios apuntan a que estas bandas tienen nexos con el narcotráfico, no necesariamente las personas que están al mando de ellas están vinculadas o han sido sentenciadas por delitos de tráfico ilícito de drogas.
El director del organismo penitenciario afirmó que su institución va por el camino correcto para pacificar las cárceles de Ecuador, especialmente en el objetivo de que el hacinamiento sea cero a final de año.
En ese sentido, destacó que la tasa actual de hacinamiento en el conjunto de las 36 prisiones que tiene el país es de 7,52%, prácticamente 20 puntos menos que a finales del año pasado. “El hacinamiento es nuestro principal objetivo”, refrendó Ramírez.
Esta reducción se está logrando a través de un programa de libertades condicionales y de indultos a presos condenados por delitos menores que hayan cumplido la mayor parte de la pena, a través de los que se han excarcelado entre 4 000 y 4 500 reos.
No obstante, Ramírez admitió que hay cárceles con un hacinamiento aún alto, donde se llega al 20%, 30% e incluso 50%, ya que hay presos que piden permanecer en ellas por cercanía a sus familias.
Asimismo, el director del SNAI manifestó su confianza en que el Estado podrá recuperar el control de las prisiones con el deshacinamiento y la contratación este año de 1 300 nuevos agentes penitenciarios, que permitirán casi doblar la plantilla actual de 1 600 carceleros. Unidos a los 1 000 adicionales que esperan contratar el próximo año, el equipo de funcionarios de prisiones ascenderá a casi 4 000, lo que dará un rango de un guardia por cada ocho presos, por encima de las recomendaciones internacionales que aconsejan uno por cada diez, según destacó Ramírez.
Al respecto, reconoció que es difícil controlar los objetos prohibidos, como las armas, que ingresan a las cárceles y que luego son usados en las masacres entre presos porque aseveró, estas organizaciones son capaces hasta de utilizar drones para ingresar lo que desean a los centros carcelarios del país.
