El pleno del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos del cantón Bolívar quedó formalmente conformado este lunes 23 de febrero, tras el acto de posesión de sus integrantes principales y suplentes. La ceremonia reunió a delegados de instituciones públicas y representantes de la sociedad civil, quienes acompañaron la designación de los nuevos miembros que asumirán funciones durante los próximos dos años.
La sesión se desarrolló con la presencia de autoridades locales y actores vinculados a los sectores de educación, salud y seguridad. El presidente del organismo, Livardo Benalcázar, tomó la palabra para recordar que el Consejo constituye un espacio de articulación entre el Estado y la comunidad. Señaló que las decisiones que adopte el pleno incidirán en la garantía y promoción de derechos de los grupos de atención prioritaria. Además, destacó que el trabajo coordinado permitirá atender problemáticas que requieren respuestas conjuntas.
Durante su intervención, subrayó que el compromiso asumido no se limita a lo administrativo. Explicó que cada representante deberá impulsar propuestas y dar seguimiento a políticas públicas cantonales. En tanto, insistió en la necesidad de mantener un diálogo permanente con la ciudadanía.
Por su parte, la secretaria técnica, Lorena Montenegro, recordó que la protección integral de derechos implica una obligación establecida en la normativa nacional. Sin embargo, puntualizó que el desafío también interpela a la sociedad civil organizada. Según expresó, el Consejo debe convertirse en un espacio activo donde se escuchen distintas voces y se prioricen acciones concretas. El pleno quedó integrado por representantes de los enfoques de movilidad humana, interculturalidad, discapacidades, intergeneracional y género. Cada área contará con un miembro principal y su respectivo suplente. Esta estructura busca garantizar una mirada diversa frente a las necesidades del cantón.
Los integrantes permanecerán en funciones durante el periodo 2026-2028. En ese lapso deberán coordinar acciones con instituciones públicas y organizaciones sociales, además de promover mecanismos de seguimiento y evaluación. La expectativa institucional apunta a fortalecer la política local de derechos y consolidar procesos participativos.
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