Arresto domiciliario para juez que dio habeas corpus a exvicepresidente Glas

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La Justicia ecuatoriana ordenó el arresto domiciliario para el juez Banny Molina, quien el pasado viernes concedió un habeas corpus en favor de Jorge Glas, vicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa y con dos condenas en firme por casos de corrupción.

La Fiscalía General del Estado informó este jueves que formuló «cargos en contra de Banny M., juez de Garantías Penitenciarias, por su presunta participación en el delito de usurpación y simulación de funciones públicas».

El presidente de la Corte Provincial de Manabí, Carlos Zambrano, dictó prohibición de salida del país y arresto domiciliario y, además, pidió que se oficie al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), para la colocación del dispositivo de vigilancia electrónico.

Además, en su decisión, el magistrado dispuso el inicio de la instrucción fiscal de 90 días, tiempo en el que Fiscalía continuará con su investigación.

El procesado fue capturado la noche del martes por la Policía Nacional, en San Jacinto, cantón Sucre, ejecutando una orden detención con fines de investigación y luego puesto a órdenes de la Fiscalía.

Este caso se inició por una denuncia presentada por el director general del Consejo de la Judicatura, Andrés Peñaherrera, en donde señala que el juez, hoy procesado, «habría emitido tres órdenes de excarcelación para tres privados de libertad (a quienes favoreció con acciones de habeas corpus) a las 16.46 del 5 de agosto de 2022, cuando ya había sido llamado a juicio el mismo día, a las 12.10».

«Es decir, actuó cuando su jurisdicción se encontraba suspendida», indicó la Fiscalía en un comunicado.

Entre los elementos de convicción, presentados para sustentar la acusación fiscal, se encuentran la resolución con la cual -con voto de mayoría- se dictó el auto de llamamiento a juicio del juez y la resolución que el ahora procesado emitió horas más tarde, en donde benefició con una acción de habeas corpus a tres privados de libertad.

A ello se sumaron las versiones del procesado, de los agentes que ejecutaron la orden de detención y la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura, entre otros.