“No voy a renunciar”. Con estas palabras Arturo Fuentes, gobernador de Imbabura, restó importancia a los manifestantes que pedían su renuncia.
“Me iré cuando el Presidente Guillermo Lasso me lo pida, no cuando un grupo de personas que quieren tomarse la Gobernación lo diga”, expresó la autoridad del Ejecutivo, durante el recorrido que realizó por el hospital San Vicente de Paúl en Ibarra.
Fuentes quien se muestra abierto al diálogo, reconoció que el derecho a la protesta es un derecho constitucional, siempre y cuando se respeten los derechos y se garantice la tranquilidad ciudadana.
“Estoy trabajando, hemos estado en permanente comunicación con el Ministro de Gobierno y con la Presidencia. No estoy escondido como dicen”, comentó.
Desde la noche del lunes, miles personas han empezado a llegar la noche de este lunes a Quito, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaie.
La medida se toma contra la gestión económica del presidente conservador Guillermo Lasso, quien se ha refugiado en el llamado al diálogo y en la aplicación de un estado de excepción.
La Conaie, que convocó a la movilización social indefinida desde el pasado 13 de junio, ha planteado un pliego de peticiones con diez demandas que incluyen la congelación y reducción de los precios de los combustibles, el control de precios, impedir las privatizaciones y evitar la flexibilización laboral, entre otros.
La jornada de ayer literalmente fue tranquila en la ciudad de Ibarra. A medida que pasaron las horas, este martes, se advertían con claridad algunas consecuencias de la huelga en buena parte de la capital imbabureña. Sin transporte de buses, pocas taxis pese a que este gremio no plegó al paro. Las actividades comerciales son irregulares y están generando pérdidas. Así lo confirmó Marco Amaguaña, director comercial de la Cámara de Comercio, quienes aseguran que las pérdidas a nivel de Imbabura bordea el millón de dólares.
Un equipo de EL NORTE recorrió varios puntos de la ciudad donde se pudo observar a decenas de policías y militares apostados en puntos estratégicos de la ciudad; y un diálogo que cada vez parece más lejano, entre indígenas y el gobierno.
