El caso de supuesta corrupción por parte del presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pablo del Lago, Amadeo Casco, tuvo un nuevo episodio. En esta ocasión, miembros del Observatorio Ciudadano en compañía de moradores de la parroquia, presentaron su denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, sede Otavalo, a fin de que las autoridades legales tomen el procedimiento correspondiente.
Como es de conocimiento público, en días recientes el mencionado organismo social san pableño, acusó a la máxima autoridad parroquial, a través de una transmisión en vivo en su fan page de Facebook y en una radio imbabureña, sobre un posible caso de concusión.
Según las leyes vigentes del Ecuador, “la concusión es un delito y se presenta cuando un funcionario público, en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución”.
En este caso en específico, los denunciantes manifestaron que el principal de la Junta Parroquial habría solicitado dinero a ciudadanos a cambio de otorgarles plazas laborales. Incluso se dio a conocer la cantidad económica que supuestamente habría pedido a los perjudicados, la cual ascendería a USD 1.100, que multiplicada por las 20 personas inmersas, dan un valor total de USD 22 mil.
Para conocer la postura de Amadeo Casco al respecto de esta problemática que lo envuelve, nuestro medio de comunicación tomó contacto con él en dos oportunidades, una para nuestra versión impresa y una para ENtv, canal digital del Grupo Corporativo El Norte, en donde señaló.
“Esto no me sorprende porque desde el año 2015 – 2016, también la mayoría de los vocales del GAD quisieron removerme del cargo. Gracias a Dios el 8 de marzo saqué de la Contraloría (documentos) en donde no tengo nada en la auditoría de la administración anterior. Sin embargo siguen difamándome. Después de eso un grupo de personas conformaron un grupo llamado San Pablo Unido, también con el objetivo de desestabilizar mi gestión. En estos momentos, nuevamente me atacan, en este caso el Observatorio Ciudadano”, expuso Casco.
En este contexto, el líder rural incluso se refirió a que la gente “conoce su transparencia”, la cual incluso le habría significado ganar su reelección en la Junta Parroquial, y actualmente, le permitiría aspirar a la Alcaldía de Otavalo en las elecciones seccionales del 2023.
“Hace una semana atrás me calificaron, gracias a mi pueblo de San Pablo y del cantón Otavalo, para que participe como precandidato a las primarias del Movimiento Pachakutik. Me califican y empiezan las denuncias”, expresó.
Más allá de lo expuesto por el presidente, el Observatorio Ciudadano de San Pablo, encabezado por Marcial Espinoza, mantiene firme su argumento, inclusive mostrando supuestas pruebas, como denuncias por corrupción realizadas por ciudadanos ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), mismas que habrían dado la pauta para la actual denuncia legal.
“Queremos dejar en claro que los miembros del Observatorio Ciudadano no tenemos ningún tipo de aspiración política, incluso el reglamento interno no nos permite. Somos un grupo ciudadano que busca que las cosas se hagan bien”, manifestó Espinoza.
Cabe señalar que adicionalmente, el organismo san pableño entregó una copia de la denuncia formal al vocal del GAD San Pablo, Iván Proaño, para que en conjunto con sus homólogos realicen un trabajo de fiscalización en este caso.
“El día jueves tendremos una asamblea de Junta Parroquial con el señor Presidente, para que aclare este tipo de anomalías”, manifestó Proaño.
