El caso por presunto peculado que implicaba al expresidente Guillermo Lasso podría llegar a su fin. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha pedido su archivo, junto con el de otras figuras cercanas al exmandatario, entre ellas su cuñado Danilo Carrera y el exfuncionario Hernán Luque, por hechos relacionados con la gestión de la empresa estatal Flopec.
La solicitud fue presentada el 21 de abril de 2025 ante la jueza Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia. Camacho concedió tres días para que las partes involucradas respondan. Mireya Pazmiño, exasambleísta que impulsó la denuncia durante su paso por el Legislativo, ya ha anticipado su rechazo a la medida.
Washington Andrade, abogado de Pazmiño, expresó su preocupación por la rapidez con que se procesó el pedido. Según señaló, el mismo día en que fue recibido, la jueza emitió el despacho. Para él, este ritmo inusualmente ágil podría tener como trasfondo una intención de favorecer al exjefe de Estado y a sus allegados.
El proceso judicial tuvo su origen en el juicio político planteado contra Lasso en 2023. La Corte Constitucional únicamente dio paso a la acusación por peculado, la cual se centraba en contratos entre Flopec y el consorcio Amazonas Tanker Pool. De acuerdo con un informe de la Contraloría emitido en 2021, esas contrataciones habrían provocado un perjuicio superior a los 6 millones de dólares, producto de arrendamientos navieros que resultaron más costosos que los ingresos obtenidos.
Aunque la firma del adendo que amplió el acuerdo con Amazonas Tanker —una empresa registrada en las Islas Marshall— ocurrió en 2020, antes del inicio del mandato de Lasso, la Asamblea argumentó que, ya en funciones, el presidente conocía las irregularidades y no actuó para detenerlas.
