Paulina Haro, abogada de la familia del niño presuntamente agredido por un docente de la U.E. Muyu, se comunicó con Diario EL NORTE y explicó cómo se encuentra el caso. La jurista pertenece a la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador.
El Proceso
La abogada indicó que el caso se encuentra en etapa procesal de investigación previa en Fiscalía General del Estado. Indicó que la denuncia fue presentada por la Dirección Distrital del Ministerio de Educación, como ente rector, el 15 de marzo de 2024.
Explicó que dentro de esta investigación, Fiscalía solicitará todas las diligencias pertinentes para determinar la responsabilidad penal en el presunto delito de odio.
“Nosotras, como abogadas de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, lo que hemos hecho es apoyar a la familia, dentro del proceso, y asumir la defensa técnica del caso. Es lo mínimo que podemos hacer por un niño en doble condición de vulnerabilidad y su familia, quienes han sido revictimizados en el transcurso”, dijo Haro.
Señaló que el docente ha sido denunciado por presunto delito de odio. “Este delito se investiga a partir de la denuncia realizada que describe un maltrato físico y psicológico hacia el niño, en un contexto que podría implicar discriminación o prejuicio hacia su condición de discapacidad”, aseveró.
Responsabilidades
Haro señaló es “imperativo” que se establezcan responsabilidades no solo hacia quien cometió directamente el presunto acto de violencia, sino también hacia aquellos que, por negligencia o falta de acción, permitieron que ocurriera.
Esto implica una falencia en la activación de los protocolos de protección y en la aplicación adecuada de las leyes, las que están diseñadas para prevenir y responder a estos incidentes.
La jurista indicó que se deben asegurar las sanciones pertinentes a los responsables, implementar medidas de reparación al niño y su familia.
“ Entre estas acciones, se podrían considerar disculpas públicas, que reconozcan el daño causado, y refuercen y sean conscientes de la importancia de garantizar un entorno seguro, respetuoso e inclusivo para todos las niñas y niños, en especial para aquellos con discapacidad”, argumentó la abogada.
Expresiones
Haro dijo que ve con preocupación “las expresiones y afirmaciones” que varias madres de familia, que defienden a la institución, han vertido en ciertos medios de comunicación.
“Afirman, sin prueba alguna, que el niño no asistía a terapias, que tenía episodios de agresión, que se solicitó una maestra sombra, entre otros”, sostiene la jurista.
Comentó que “Si el niño “E” estaba presentando episodios de agresión, como señalan, ¿cuál fue la intervención de la escuela, del DECE, de su equipo de profesionales? ¿Dónde están los reportes o informes del abordaje psicológico? Porque, entiendo que esto, sucedía en el entorno educativo”.
Así mismo aseguró que era obligación del profesor y de las autoridades institucionales trabajar de manera conjunta con la familia para solventar los supuestos episodios.
«Y digo supuestos, porque es fácil culpar a un niño pequeño que no puede defenderse del ataque de adultos que, escudados en un espíritu de cuerpo nefasto, pretenden minimizar una agresión y con ello generar impunidad».
Institución Educativa
El equipo jurídico de este caso, analiza la pertinencia de iniciar las acciones legales correspondientes no solo contra la Institución – dijo la abogada – también, contra aquellas personas que se han dedicado a violentar de manera constante al niño “E” y a su familia. Aquí es preciso recordar que la libertad de expresión no está por sobre los derechos fundamentales de las personas, en especial de un niño.
De igual manera, indicó que el niño fue trasladado a otra institución educativa, garantizando su derecho a la educación y protección integral. Este traslado busca asegurar un entorno seguro y propicio para su desarrollo educativo y personal.
