En abril de 2019, Diana Salazar fue nombrada Fiscal General del Estado de Ecuador. Desde el inicio de su gestión, se posicionó como una figura central en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, liderando investigaciones que involucraron a figuras políticas de alto perfil, particularmente aquellas ligadas al correísmo.
Primeras tensiones y acusaciones
Entre 2020 y 2022, Salazar dirigió varias investigaciones cruciales que involucraron a exfuncionarios del gobierno y otros personajes influyentes. Entre los más destacados se encuentran: Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado y María Duarte.
Inicio del proceso
En mayo de 2023, la bancada del correísmo en la Asamblea Nacional presentó una moción formal para iniciar un juicio político contra Salazar, acusándola de “incumplimiento de funciones” y de sesgo político en sus investigaciones. Este proceso se centró en supuestas irregularidades en la conducción de casos emblemáticos, como el de Sobornos 2012-2016.
En junio de 2023, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional comenzó a evaluar las pruebas y testimonios en el juicio político.
Durante este tiempo, Salazar defendió públicamente su labor, argumentando que las acusaciones en su contra eran infundadas y parte de una venganza.
En julio de 2023, denunció el juicio como un intento de desestabilizar la Fiscalía y frenar las investigaciones contra la corrupción y removerla del cargo.
Suspensión del juicio
El 16 de mayo de 2024, el juicio político fue suspendido debido al embarazo de alto riesgo de Salazar. La Procuraduría General de Ecuador recomendó la suspensión del proceso, y el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aceptó esta recomendación, marcando una pausa significativa en el proceso.
Receso Legislativo
En agosto de 2024, la Asamblea Nacional entró en un receso legislativo, suspendiendo temporalmente todos los procesos, incluido el juicio político contra Salazar. Sin embargo, con la reactivación de las actividades parlamentarias el 2 de septiembre de 2024, se espera la reanudación del juicio, que Salazar ha calificado como un “narcojuicio”, acusando a grupos delictivos de buscar desacreditar su trabajo, y se estima que el juicio podría concluir hacia finales de octubre.
