Hay algo que llamó la atención el pasado jueves, en vísperas del feriado de Semana Santa. El presidente Daniel Noboa firmó un Decreto declarando estado de excepción por “grave conmoción interna” en nueve provincias y cuatro cantones adicionales del país. El gesto tiene la textura de lo ya visto: otra vez la firma, otra vez las provincias, otra vez los sesenta días. Lo que inquieta no es la medida en sí misma, sino la normalidad con que se la recibe. El decreto cubre territorios que representan buena parte de la población y la actividad económica del Ecuador: Guayas, Pichincha, Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, más cuatro cantones de Cotopaxi, Bolívar y Cañar. En términos prácticos, suspende la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, habilitando allanamientos sin orden judicial previa. Esta vez no hay toque de queda, pero si se afecta un derecho constitucional.
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