El Consejo de Seguridad del cantón Montúfar, en la provincia de Carchi se reunió con la finalidad de articular acciones con las entidades de control y establecer una agenda que permitan fortalecer la seguridad ciudadana en el cantón. Esto en medio de una jornada de protestas que cumple 12 días y que se han centrado en seis provincias, según el Gobierno en donde se dispuso el estado de excepción: Imbabura (vecina) Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza.
Para el Mayor Javier Egas, jefe subrogante del Distrito de Policía Montúfar – Bolívar, este tipo de reuniones entre autoridades de Estado, Gobierno y Sociedad Civil, son fructíferas para trabajar en el control y velar por la seguridad de esta jurisdicción.
A decir de la autoridad policial, en Montúfar se registran problemas como la ingesta de licor, violencia intrafamiliar, entre otros. No obstante, Egas menciona que se realizan patrullajes en diferentes turnos con personal motorizado, de inteligencia y del área de investigaciones. Anunció que ante el pedido de la ciudadanía para reforzar la seguridad y el orden público se incorporarán entre 20 y 30 policías más a los 110 agentes existentes en el Distrito Montúfar – Bolívar.
La provincia de Carchi, en la frontera norte ha evidenciado protestas y movilizaciones esporádicas, que no han pasado a mayores, sobre todo en la capital y el sur del territorio.
Para Andrés Ponce López, alcalde de Montúfar, la seguridad de los montufareños es una prioridad y se reflejará en hechos, razón por la cual la presente administración comprará alarmas comunitarias, cámaras de videovigilancia, entre otros dispositivos para convertir a San Gabriel y Montúfar en un cantón seguro.
La autoridad policial además recomendó que, ante una emergencia los afectados deben mantener una comunicación directa con los agentes del Distrito Montúfar Bolívar o llamar al 115. Por su parte, Iván Sandoval, fiscal de Montúfar, calificó de prioritarias este tipo de reuniones y mira con satisfacción la convocatoria efectuada por la municipalidad, porque se está trabajando sobre un plan de acción que evitará la proliferación de delitos y contravenciones.
