El robo de medidores de agua potable ha aumentado en la ciudad de Ibarra y genera preocupación en su población. Varias viviendas ubicadas en sectores residenciales son las afectadas con este hecho, que ya no es nada nuevo.
Según información de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I), hasta la fecha se han notificado alrededor de 50 robos, pero solo en el pasado mes de abril se registraron 35. Esta cifra en específico revela una tendencia creciente.
Importante
Eliana Pineda, encargada de la Dirección Comercial de la EMAPA-I, indicó que los sectores de Huertos Familiares, Alpachaca y Parque Industrial presentan el mayor número de sustracciones de medidores de agua potable.
Ante esta situación, la empresa pública hace un llamado a la ciudadanía a proteger el área donde está instalado el dispositivo. Incluso, denunciar cualquier situación de índole sospechosa al ECU-911, con el fin de frenar esta modalidad delictiva.
Ante el robo
En caso de que se haya perpetrado el robo, Eliana Pineda explicó que el usuario debe realizar la denuncia a la Fiscalía General del Estado (FGE) y notificar a la empresa. Este procedimiento es primordial para la reposición.
“Se establece que el usuario deberá presentar la denuncia respectiva y cubrir el 35% del costo del medidor como deducible. La empresa asumirá el resto y procederá con la reinstalación”, agregó.
Atención
Por otro lado, desde la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra también explicaron que este tipo de hurtos responde principalmente a motivaciones económicas relacionadas con el valor de los materiales con los que están fabricados estos dispositivos.
Muchos medidores contienen piezas elaboradas con cobre, bronce o latón, que pueden generar ganancias cuando son vendidos en cantidades importantes a centros de reciclaje o a compradores informales para conexiones clandestinas.
“La desaparición de medidores genera perjuicios tanto para la institución como para los usuarios del servicio”, subrayaron desde la EMAPA-I. Por un lado, la empresa se ve obligada a asumir parte del costo de reposición y a realizar trabajos técnicos adicionales; en cambio, los ciudadanos enfrentan interrupciones en el servicio y trámites adicionales.
