Aunque la mayoría de los casos está archivado, nueve de los 60 candidatos por la provincia de Imbabura han tenido denuncias penales en su historial. Según el sistema de la Función Judicial, dos de ellos estuvieron relacionados con violencia de género.
Fernando De la Torre, segundo en la lista de candidatos del Movimiento Revolución Ciudadana (RC, lista 5), fue investigado por incumplimiento de decisiones de autoridad competente, ya que en febrero de 2023 habría agredido a su esposa, a pesar de que ella tenía una orden de auxilio a su favor.
De la Torre fue aprehendido, pero nunca se llegaron a formular cargos, ya que se determinó que el político no había sido notificado con la boleta. Fundamedios intentó contactar al candidato por teléfono, pero tras escuchar la primera pregunta sobre esta causa, cortó la llamada y no volvió a contestar.
El otro caso es el de Luis Alberto Menacho Menacho, cuarto aspirante de Democracia Sí, lista 20. Menacho fue investigado por violencia física contra la mujer o del núcleo familiar, pero el caso fue archivado por falta de indicios. El candidato fue contactado a través de correo electrónico, teléfono y por medio de Democracia Sí. A través de esta última vía, Marcelo Merino, dirigente de la organización en Imbabura, ofreció hacer el acercamiento, pero al final nunca se concretó.
Entre los otros candidatos que están relacionados con procesos penales está el caso de Hilda Congo Padilla, cuarta en la lista del Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7). Entre 2020 y 2023, la postulante tuvo casos por fraude procesal, abuso de confianza y destrucción de bienes patrimoniales relacionados con su trabajo como abogada. La candidata fue contactada para hablar acerca de estos procesos. En primer lugar, refirió a un asesor para que atendiera las preguntas, luego ofreció enviar las respuestas por correo electrónico, pero finalmente, nunca llegaron.
Su compañera de lista, Patricia Unda Vanegas, tuvo casos por hurto y estafa que fueron archivados. Los casos estaban relacionados con un problema privado con su pareja y un fallido proyecto gastronómico en Otavalo. La candidata fue consultada por correo electrónico, pero su equipo de comunicación manifestó que no iba a dar respuesta por escrito y tampoco atendió una entrevista.
Otro caso es el de Lucía Posso Naranjo, actual asambleísta y primera candidata por la alianza conformada por los partidos Avanza y SUMA (listas 8-23). En el Satje aparece que Posso fue investigada por estafa en 2018. A través de un correo electrónico, Franklin Artos, abogado de la candidata, indicó que la denuncia no tenía fundamento por lo que, tras cinco meses, la Fiscalía solicitó el archivo, que fue ratificado por la autoridad provincial del Ministerio Público.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
De la revisión de los registros públicos de la Contraloría General del Estado (CGE), se evidencia que 28 candidatos, que representan el 47 por ciento de quienes buscan una curul por Imbabura, no han registrado declaraciones patrimoniales juramentadas. Esto significa que, al menos desde 2015, estas personas no han ocupado cargos en el sector público. Si llegan al Legislativo, esa sería su primera experiencia en la administración pública.
En la lista de los 32 postulantes que sí han tenido cargos públicos, no se observan mayores novedades. Érika Machado Falconí, primera en la lista de candidatos del Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, Lista 16, es la que más experiencia tiene en el sector público. Entre 2019 y 2022, la política trabajó en la Empresa de Agua Potable de Ibarra, en el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), en la Escuela Politécnica Nacional y en el Instituto de Fomento al Talento Humano.
Además, en ese listado hay cinco candidatos que ya han formado parte del Legislativo previamente. Pamela Aguirre Zambonino (RC), Lucía Posso (Avanza-SUMA) y Fernando Jaramillo Martínez (ADN) son legisladores actualmente y buscan la reelección, mientras que Mario Ruiz Jácome (Centro Democrático) y Luis Marcillo Ruiz (ID) fueron electos en mayo de 2021, pero, tras la declaratoria de la muerte cruzada en 2023, dejaron sus curules y ahora buscan recuperarlas.
También hay otros cuatro candidatos con experiencia previa en puestos políticos o de elección popular. Mónica Guzmán Flores (Centro Democrático, lista 1) fue jefa política de Urcuquí en enero de 2024, durante el gobierno de Daniel Noboa. Previamente, también fue concejala en ese cantón. Tyrone Vega Gaybor (Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17) se desempeñó como alcalde de Urcuquí en el período 2019-2023. En ese mismo período, Jacinto Robalino Llerena (Avanza-SUMA) fue concejal de Otavalo. Mientras tanto, en el período 2014-2019, Pablo Jurado Moreno (Construye, lista 25) fue prefecto de Imbabura.
De acuerdo con los datos de la Contraloría existen cuatro candidatos del Partido Sociedad Patriótica, Amigo, CREO y de la alianza Avanza-SUMA que, en sus cargos anteriores, reportaron cero dólares de patrimonio. Asimismo, hay cuatro postulantes de Centro Democrático, Izquierda Democrática, Pachakutik y CREO que declararon más pasivos que activos, es decir, su patrimonio es negativo.
Por otro lado, los tres patrimonios más altos corresponden a exfuncionarios públicos. La asambleísta Pamela Aguirre (RC) registra un patrimonio de 487.320 dólares. Le sigue el exprefecto Pablo Jurado (Construye), con 423.896 dólares. Finalmente, Franklin García Lito (Amigo), quien ha trabajado en el Instituto de Investigación Geológico y Energético y en el Ministerio de Energía, posee un patrimonio de 388.224 dólares.
Los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran que de los 60 candidatos que buscan llegar a la Asamblea Nacional por Imbabura, solo cinco nunca han tributado en su vida.
Se trata de Fernando De la Torre y Nathaly León Minda de la ID (lista 12); Efrén Quishpe Yépez y Luis Lanchimba Almagor de Pachakutik (lista 18) y Diego Guerrero Amuy de RETO (lista 33).
En el sistema del SRI sale la mención: El ciudadano / contribuyente no tiene información registrada en la base de datos del SRI o reportada por terceros.
Dentro de los 55 candidatos que sí han tributado, Pablo Jurado Moreno, primer candidato de Construye, pagó 28.631 dólares entre 2017 y 2023 por concepto de impuesto a la renta.
Le siguen Pamela Aguirre Zambonino, primera en la lista de la RC, que pagó 25.490 dólares en siete años, y Margarita Andrade Castelo, tercera en la lista del Movimiento Amigo (lista 16), que pagó 18.597 dólares en el mismo período.
En cuanto a las deudas con el fisco, sólo dos candidatos las tienen, pero con valores menores a cien dólares.
Por otro lado, 24 candidatos tienen alguna declaración de impuesto a la renta pendiente con el SRI en el periodo analizado que va de 2017 a 2023.
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