Un total de 54 testigos han sido convocados a la audiencia de juzgamiento contra el exprefecto de Imbabura, Diego Oswaldo G., por el presunto delito de peculado. El exfuncionario, quien también fue asambleísta provincial y gobernador, está siendo investigado por haber contratado guardianía privada para su vivienda y que dicho rubro se habría cubierto con fondos de la institución pública.
Sobre la diligencia judicial
Entre los testigos convocados por Fiscalía y la defensa del acusado, están funcionarios y exfuncionarios de la Prefectura de Imbabura, servidores públicos y policías en servicio activo y pasivo. El martes y ayer se evacuaron los testimonios del ente acusador, mientras para hoy y mañana está previsto que rindan su versión los testigos del exprefecto.
El juez ponente que conforma el Tribunal es Byron Leonardo Uzcátegui y está acompañado de Silvana Lorena Velasco y Esteban Israel Coronel. La diligencia se desarrolla, luego de que fuera convocada por cuarta ocasión, en el Complejo Judicial Norte. La Fiscalía está representada por Miguel Hernán Flores.
Lo que se conoce del caso
En la audiencia de llamamiento a juicio, Fiscalía General del Estado presentó dictamen acusatorio en contra de Diego G., prefecto de Imbabura entre 2009 y 2014, por su presunta autoría en el delito de peculado. El fiscal Hernán Flores mencionó que, en 2009, la Prefectura de Imbabura contrató a seis personas quienes, por disposición verbal del procesado, se desempeñaron como guardias de seguridad en su domicilio en Ibarra. Ellos efectuaban turnos rotativos de ocho horas, las 24 horas del día, inclusive los feriados.
Es decir, mientras él cumplía las funciones de prefecto de Imbabura mantuvo un servicio de guardianía en su vivienda, el cual era cancelado con fondos públicos de la institución a la que representaba. Según las pericias contables, el monto del perjuicio económico causado al Estado es de 182 636,11 dólares.
Cuarenta y nueve elementos de convicción presentó la Fiscalía para sustentar el dictamen acusatorio emitido en contra del exfuncionario. Entre los principales están: el informe de Contraloría que determinó las irregularidades existentes en la contratación del personal, versiones de los seis guardias de seguridad y de funcionarios del Gobierno Provincial de Imbabura de esa época.
También constan los roles de pagos de las remuneraciones mensuales y beneficios de ley, un informe de la UAFE, oficios e informes de pericias contables y financieras.
