Esclarecer el cómo, dónde y por qué ocurrió el femicidio de María Belén Bernal Otavalo, es el objetivo principal de Fiscalía.
En torno a la desaparición y crimen de la abogada, se manejan varias hipótesis, por lo que buscan los indicios necesarios que permitan vincular a los presuntos cómplices del hecho. Sin embargo, el caso podría tener otros delitos conexos, ya que se habría cometido cerca de muchas personas y en una dependencia policial, en donde sospechosamente, nadie sabe a ciencia cierta lo que sucedió.
Las primeras acciones que se cumplieron fueron los allanamientos de las viviendas del padre y la madre de Cáceres, en Ambato y Guaranda. En la casa de su madre se encontraron varios artefactos tecnológicos y videos de seguridad, que son analizados para tratar de dar con el paradero del implicado. Días más tarde se allanaron otras dos viviendas, una de ellas fue la de Nadesha M., cadete de la Escuela Superior, quien reside en el sector de Pusuquí.
Según la información que maneja Fiscalía, en el análisis del celular del teniente Cáceres, se estableció que el sospechoso cruzó varias llamadas telefónicas con la cadete Nadesha, entre la noche del sábado 10 y la madrugada del domingo 11 de septiembre.
Por eso, se presumiría que podría tener algún grado de participación en el caso. La mujer también es compañera de Joselyn Brigitte S., cadete procesada.
En la vivienda de la joven se habrían encontrado indicios que se encuentran en análisis. Además se conoció que se realizaron pruebas de luminol, para saber si existirían rastros de María Belén en dicho predio.
Mientras la casa de Anabel C., hermana del teniente sospechoso, existía la presunción de que se encontraba, en un garaje subterráneo, la moto de Cáceres. Todo luego de que una persona denunció haber visto dicho vehículo, mientras circulaba por la avenida De los Shyris, en el norte de Quito. Fiscalía no ha informado si encontraron algún indicio en este sitio.
¿Existirían más delitos?
A cerca de una docena de uniformados, quienes estuvieron en la Escuela Superior la madrugada de los presuntos hechos, iniciaron un sumario administrativo que podría terminar en su destitución. Además se conocer que el ministro Patricio Carrillo, solicitó que también sean vinculados al caso penal y que se les dicte prisión preventiva.
Sin embargo podrían ser procesados solo por acción u omisión, más no por presunto femicidio, ya que no ayudaron a la mujer, sabiendo que se encontraba en peligro. Pero no se conoce si un cadete tiene la misma obligación de un policía.
Mientras que, las personas que habrían ayudado al supuesto femicida a ocultar la escena del crimen, escapar y alterar la escena de los hechos, podrían ser procesados por presunto fraude procesal. Según el COIP, este tipo penal e sanciona con penas de uno a tres años de prisión.
¿Crimen de Estado?
El intenso debate se ha formado en el país, que se pregunta si se trataría de un crimen de Estado. La muerte se produjo en una instalación de la Policía Nacional, pero sus altos mandos han aclarado que se trata de un hecho totalmente aislado, ya que el único responsable del femicidio sería Germán Cáceres.
La madre de María Belén, Elizabeth Otavalo, anunció que, de ser necesario, llegará a instancias internacionales para buscar justicia por su hija. Ahí podrán determinar si existe o no, responsabilidad del Estado en la muerte de la abogada.
Reformulación de cargos
Como María Belén fue encontrada muerta, el caso ahora se configura como un femicidio. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el femicidio consiste en la muerte de una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, como resultado de relaciones de poder, y es un delito sancionado con penas privativas de libertad de 22 a 26 años de cárcel, pero, en la mayoría de casos, las sentencias llegan hasta los 34 años y ocho meses.
La fiscal a cargo del caso solicitará que se reformulen los cargos, para que se cambie el delito, pero no se conoce si la cadete involucrada seguirá siendo procesada y bajo qué presunto delito.
La estudiante de cuarto año de la carrera policial, a través de su defensa, solicitó a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, la revocatoria de la prisión preventiva, con el objetivo de que Joselyn Brigitte S., de 24 años, oriunda del cantón Baños, pueda defenderse del proceso en libertad.
Se conoce que la mujer negó totalmente tener una relación extramarital con el teniente Cáceres, pero admitió que sí la pretendía. La mujer aseguró que permaneció en la habitación de su superior durante cinco minutos, y se retiró. También dijo que estuvo en un dormitorio de alado, pero no intervino en la discusión, por presunto miedo.
