Recientemente, la Municipalidad de Ibarra confirmó la “grave” situación financiera que atraviesa la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-I). Por tal motivo, el directorio ha mantenido reuniones constantes con el objetivo de enfrentar este problema.
Detalles
Una de las soluciones que plantearon fue que José Moncayo, gerente general de la EMAPA-I, presente una propuesta de ahorro en gasto corriente y reactivación de la empresa, que se expondría en la siguiente sesión de directorio. Esta medida también la ratificó Álvaro Castillo, alcalde del cantón, en una entrevista para un medio local.
El burgomaestre explicó que en dos sesiones de directorio han logrado reducir USD 300 mil en gastos innecesarios. Aunque están a la espera– dijo Castillo- porque la presentación de la propuesta va a determinar “la permanencia del gerente y de los directores departamentales”.
La Propuesta
En ese sentido, Diario EL NORTE, buscó una entrevista con Moncayo para conocer cómo va el proceso de la propuesta. Sin embargo, la Dirección de Comunicación de la EMAPA-I informó que por el momento no ofrecerá declaraciones, aunque aseveró que se trabaja en el documento en mención para el 8 de agosto.
Por otro lado, hablamos con Raiza Zamora, vicealcaldesa del cantón, quien afirmó que encontraron a la Empresa con un déficit millonario. “Estamos trabajando en diferentes estrategias, una de ellas la optimización del talento humano por parte del gerente general”.
Además, comentó que analizan una consultoría sobre el alza de tarifas, que fue pagada por la Empresa, pero que el directorio solo la evalúa, y no se prevé aplicarla porque tiene deficiencias técnicas.
Situación
Según la Municipalidad de Ibarra, la EMAPA-I mantiene una deuda de más de USD 6.4 millones en pago de capital e interés, por la ejecución de la Planta de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR), y que desde 2020 no se han realizado los pagos respectivos.
La Planta de Tratamiento se empezó a construir en el 2015 mediante un crédito otorgado por el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Español por un monto de USD 30 millones, que beneficia desde 2017 a más de 197 mil personas.