Las medidas cautelares emitidas por un Juez del cantón San Lorenzo, en favor de Jonathan G. y un grupo de Agentes Civiles de Tránsito generarían sospechas.
A pesar de la amenaza de muerte en contra de Luis Fernando Ruiz, gerente de la Empresa de Movilidad, el funcionario no se amilana.
Hoy a las 10:00 se tiene previsto realizar una rueda de prensa desde la institución para informar el tema.
“Este señor Jonathan G. ha tenido muchos problemas. Uno de ellos, es por el delito de cohecho. Nosotros abrimos un sumario administrativo contra él y la otra implicada. Todo estaba listo para desvincularlos, pero nos llegó la medida cautelar por parte de un juez de San Lorenzo y frenó todo”, recuerda Ruiz.
Momento en que el Act ingresa a la dependencia pública.
La acción judicial fue emitida por el juez Álex Rubén Román Robalino de San Lorenzo. El hecho genera sospechas, pues la autoridad judicial no tiene jurisdicción en Imbabura.
Las sospechas aumentan tras la decisión de Román Robalino, que impide que ellos sean procesados. Pero los líos se suman con otro grupo de ACT que están pidiendo un alza de sueldo y que están siendo protegidos por el mismo Juez.
La decisión del magistrado, impide que el concurso de méritos y oposición, que se iba a efectuar en la Empresa, quede en suspenso. “No puede ser que mientras nosotros combatimos la corrupción, venga un juez y diga nos los toque”. dijo Ruiz.
El objetivo de las medidas cautelares es proteger los derechos constitucionales y los derechos humanos. La finalidad es prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho constitucional y humano. Esa es la razón de ser, sin embargo, algunas autoridades judiciales la utilizan en favor de casos donde no se criticar el proceder del beneficiado.
