En el marco del Seminario Conmemorativo de los 35 años de la Convención de los Derechos del Niño, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Ibarra (CCPD-I) presenta un panorama detallado sobre los avances, retos y proyecciones en la lucha por garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Ibarra
Compromiso conmemorativo e integral
Diego Flores, técnico de observancia del CCPD-I, explicó que: “Esta convención es a nivel de parámetro internacional”.
En este contexto, el seminario busca sentar las bases para fortalecer los sistemas de protección de derechos, fomentar la articulación entre entidades estatales, la sociedad civil y organismos internacionales.
Instituciones y otras
En Ibarra, aproximadamente 45 instituciones forman parte de la Red Cantonal de Protección de Derechos de Ibarra (REDPRODE-I), cuya misión es prevenir y atender casos de vulneración.
Según Flores, los esfuerzos no se limitan a la niñez, ya que también abordan la violencia contra mujeres, adultos mayores y personas en movilidad humana, grupos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.
Prevención y corresponsabilidad
“En el área urbana, vemos a niños trabajando en mercados en actividades inapropiadas para su edad. En lo rural, el trabajo infantil es visto como parte de la dinámica comunitaria. Nuestro trabajo se enfoca en desnaturalizar estas prácticas a través de la educación y la sensibilización”, añadió Flores.
El CCPD-I ha implementado diversas estrategias para abordar las causas estructurales de la violencia. Una de las iniciativas que destacada Flores es la ‘Escuela para Padres’, que se desarrollará durante el primer trimestre de 2025.
Esta propuesta busca capacitar a familias rurales para fomentar prácticas de crianza respetuosas y prevenir la violencia intrafamiliar.
Paralelamente, se realizan talleres con docentes y líderes comunitarios para fortalecer la corresponsabilidad en la protección de la niñez.
“Hemos trabajado con más de 160 docentes y líderes en capacitaciones dirigidas a la prevención y atención de casos. Queremos que las comunidades se conviertan en actores estratégicos en la defensa de los derechos”, enfatizó Flores.
Un sistema integral que no se queda en el escritorio
El enfoque territorial del sistema de protección busca evitar que las acciones queden únicamente en la burocracia.
Equipos multidisciplinarios se trasladan a zonas rurales para trabajar directamente con las comunidades, llevando charlas, recursos educativos y medidas de protección. La meta, según el abogado, es prevenir vulneraciones y ofrecer soluciones.
