IBARRA.- El pasado viernes 8 de julio, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) publicó un informe general sobre el paro nacional suscitado entre el 13 al 30 de junio de 2022.
En 41 páginas, el documento recoge siete escenarios distintos dentro del desarrollo de las manifestaciones además de antecedentes y conclusiones.
Según el informe, los investigadores Luisa Villacís, Sofía Llerena Luis Ángel Saavedra recopilaron información sobre acosos a zonas de acogida humanitaria y zonas de paz, detenciones ilegales, arbitrarias e ilegitimas, eventos que han impedido el trabajo de organismos de derechos humanos, agresiones registradas en contra de la sociedad civil, así como los discursos emanados desde el poder político y económico incitando al odio y el racismo.
Primer signo de violencia
El informe de Inredh señala, como punto de partida para este discurso de rechazo al movimiento indígena, el nombramiento de Patricio Carrillo, como ministro del Interior.
Como exgeneral de la Policía estuvo al frente de las acciones policiales para reprimir las protestas de octubre de 2019.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó su nombramiento y recordó que tiene una denuncia por la muerte de 13 personas en el marco de la represión de octubre de 2019 a la protesta social.
Carrillo mantiene una confrontación personal con Leonidas Iza, de ahí que la primera acción para contener la movilización fue la detención arbitraria de este dirigente indígena, y que fue considerada por todos los sectores sociales, inclusive por sectores cercanos al gobierno, como un error estratégico.
El discurso del otro lado
La fundación señala que el gobierno, lejos de entender políticamente lo que estaba pasando, “puso a sus voceros ante la prensa para desprestigiar la movilización indígena y de los movimientos sociales”.
El primero en aparecer en televisión fue Fausto Cobo, quién vinculó la protesta social con la “tercera cosecha” de hoja de coca en Colombia, discurso que luego fue repetido por el ministro de Defensa, Luis Lara, en un diario de circulación nacional.
De acuerdo a estos dos funcionarios, la protesta social se daba para facilitar el tráfico de drogas. Este discurso no tuvo eco en los días posteriores y se pasó a un nuevo argumento.
“Vincular directamente la protesta social con un supuesto financiamiento del narcotráfico”. Aunque para Inredh, esta hipótesis convenció “a los medios tradicionales” no así a la sociedad civil. Luego vinieron los epítetos de “vagos, violentos, salvajes”, entre otros términos despectivos, que generaron reacciones agresivas “en sectores de élites y clase media alta”. Se llamó insistentemente a rechazar la presencia indígena y a expulsarlos de Quito por medio de las armas.
La violencia es una sola
Aunque en el informe no se habla respecto a las agresiones por parte del movimiento indígena, a los propietarios de vehículos, a los dueños de locales comerciales, a las ambulancias y a los más de 240 periodistas amedrentados, golpeados y amenazados, las conclusiones son preocupantes.
El comunicador César Ricaurte, director de Fundamedios, en entrevista con el canal digital ENtv, invitó a no sectorizar el discurso de las agresiones y condenar de forma unánime todos los actos de violencia.
“Esta división entre los buenos y malos; por una parte los que están con los manifestantes y los otros acusados de estar con el gobierno es también un factor de violencia y hay que superar esto”, concluyó.
