Inredh rechaza la sentencia que favorece al policía en caso Padilla

Posterior a la sentencia de segunda instancia del caso Andrés Padilla, joven afroecuatoriano que falleció tras el disparo que le propinó un servidor policial en agosto de 2018, en el sector de Mascarilla, provincia de Imbabura, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), como organización emitió un comunicado.
En nueve puntos Inredh, entidad que patrocina a la familia de Andrés, expuso sus motivos a la negativa de la decisión. En un primer punto explicaron que este dictamen no responde a la realidad de los hechos ni a las evidencias reproducidas durante el juicio de primera instancia, donde el policía fue declarado culpable, y en segunda instancia se volvió a ratificar las pericias de posicionamiento de tiro, de audio y de video, en las cuales no se llega a comprobar un peligro inminente o latente sobre su propia vida o la de un tercero.

En un segundo punto, los y las jueces deben aplicar de manera adecuada la normativa en cuando a no minimizar la actuación policial. En el proceso se comprobó que no se cumplió con el principio de necesidad y de proporcionalidad del uso progresivo de la fuerza y que omitió su amplio conocimiento, certificaciones, nivel de instrucción e incluso siendo instructor para cuestiones tácticas y de motín en el posicionamiento del tiro.  

Tercero, es obligación de los operadores de justicia evitar fallos que generen impunidad en graves violaciones de derechos humanos que involucren a la fuerza pública. En este caso, debieron evaluar de manera técnica e imparcial los argumentos que dan cuenta de la arbitrariedad de la acción policial. 

Cuarto, Inredh considera que esta sentencia responde a la institucionalización de la impunidad en la fuerza pública, que refuerza las actuaciones arbitrarias y desproporcionadas, en este caso, de la Policía Nacional, y que son legitimadas desde el gobierno. Es así que desde el inicio de las investigaciones en este caso existió una injerencia del poder ejecutivo en la función judicial.

La fundación de defensa de derechos humanos recordaron las declaraciones del expresidente Lenin Moreno sobre el patrocinio al policía investigado y el apoyo institucional que dio la exministra de Gobierno María Paula Romo a las actuaciones de la Policía. Y ahora para fortalecer esa postura estatal, el actual ministro del Interior, Juan Zapata, se conectó a la audiencia virtual desarrollada ayer, 8 de marzo de 2023.  

En un quinto punto recordaron que los funcionarios públicos deben abstenerse de injerir en otras funciones del Estado a través de pronunciamientos que puedan comprometer el criterio de los operadores de justicia.

Sexto, el Ministerio del Interior, en vez de reforzar este discurso gubernamental del malentendido espíritu de cuerpo, debería concentrarse en las capacitaciones sobre el uso progresivo de la fuerza con especial respeto de los derechos humanos o implementar mecanismos de investigación imparcial dentro de las filas policiales cuando se conocen casos que involucran a agentes policiales.

Por otra parte, en un séptimo punto, se indicó que no es aceptable que la defensa del acusado replique discursos estigmatizantes que refuerzan estereotipos, aduciendo que la población afrodescendiente del valle del Chota se dedica a actividades fuera de la ley. Andrés se graduó del bachillerato como mecánico automotriz, mientras estudiaba y jugaba fútbol. Fue marcador izquierdo en clubes como Mushuc Runa o Deportivo Valle del Chota.

Octavo, estas injerencias gubernamentales se suman los discursos racistas no solo de la ciudadanía sino del sistema judicial y la Policía Nacional. Este escenario ha permitido que durante todo el proceso se minimice la muerte de Andrés y se violente a su familia en cada audiencia, de manera física, echándoles gas lacrimógeno o acordonando las calles para no dejarles ingresar, o de manera psicológica cuando llenaban la sala de agentes policiales o daban respaldo policial solo a la familia de David Velastegui. Por ello, rechazamos toda acción, discurso y persecución a la familia de Andrés Padilla, y pedimos a las autoridades pertinentes investiguen estos hechos. ¿Acaso esos discursos significan una carta blanca para que las actuaciones de la Policía Nacional sean ilimitadas y arbitrarias?

Finalmente, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos debe identificar a las víctimas reales del caso y dar acompañamiento. Si bien es cierto, David Velastegui es un servidor policial, la madre de Andrés Padilla perdió al sustento económico de su hogar y la cartera de Estado no activó el Servicio de Protección Integral. 

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