“Interdictos”, la amenaza contra las personas con autismo

Una resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó al 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. En esta fecha y en lo que sigue del mes de abril se ha instalado un debate sobre el tratamiento actual de esta condición, conocida también como  trastorno del espectro autista y que ha llegado incluso a instancias constitucionales debido a una posible vulneración de los derechos humanos.

Una palabra

La Asociación de Padres Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (APADA Ecuador) presentó una Acción Pública de Inconstitucionalidad contra la disposición reformatoria segunda de la Ley Orgánica de Salud Mental del 5 de enero de 2024 y que solicita reformar en 25 artículos  del Título XXII del Libro I cambiando las palabras: “demente”, en todas sus acepciones,  por el término: persona con trastorno mental. Este cambio de términos resulta ser la motivación de la acción presentada.  

Contexto

Para el doctor Vladimir Andocilla, magister en derechos humanos y presidente de la APADA, existe un eminente riego de vulneración de los derechos de las personas con autismo o como el término técnico las define como personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA). 

Según Andocilla, parte del desconocimiento tiene su origen en un Código Civil, que es de la época de Andrés Bello (1860) y que urge ser reformado. 

En este sentido, los asambleístas incluyeron un cambio al texto eliminando la palabra demente por considerarla ofensiva e incorporando el término trastorno mental, causado un perjuicio a los individuos que tengan esta condición, porque se las puede declarar interdictas.

Incapaces y sin derechos

La interdicción, en materia legal, es la restricción de la capacidad jurídica generalmente aplicable a las personas con discapacidad. Considerar que una persona con trastorno mental (ya no demente) sea interdicta significa incluir en este grupo a personas que antes no estaban consideradas como tal. 

En el caso específico de personas con TEA, se les declara incapaces jurídicos, y lo que es peor, según Andocilla, incapaces de asumir obligaciones  contractuales, y laborables, atentando así contra lo establecido en el artículo 11 de la Constitución que en su numeral 2 que dicta que Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos

En el país

La cifra en Ecuador de personas diagnosticadas con TEA es de 46 mil  (MSP)y sin un diagnóstico 50 mil. En Imbabura no hay datos oficiales, ya que no se tiene un conocimiento claro del tema y ese desconocimiento impide tratar el tema de manera meticulosa, según  María Fernanda Ayala, representante del Centro Terapéutico Integral Arupo, en Ibarra, los únicos invitados a capacitar a las Org. Filiales sobre autismo en Imbabura.

Al momento

En tanto, la demanda de APADA continúa a la espera de ser admitida por la Corte Constitucional, en concreto se busca que “dispongan a la Defensoría del Pueblo para que en el lapso de seis meses presente a la Asamblea la propuesta de reformas al Código Civil y al Código Orgánico General de Procesos para que las normativas se acoplen a lo establecido por el  Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Finalmente por tratarse de un caso que involucra los derechos de personas con atención prioritaria, se espera  que exista urgencia en el presente caso.