La Corte Constitucional de Ecuador valida dos preguntas para reformar el Consejo de Control Social

La Corte Constitucional de Ecuador aprobó este jueves 27 de octubre de 2022 las dos nuevas preguntas presentadas por el Gobierno para el referéndum que busca convocar, y en el que propondrá a la población enmiendas a varios artículos de la Constitución en materia de seguridad, instituciones y medioambiente.

Estas dos preguntas fueron presentadas hace nueve días por el Ejecutivo ante la Corte Constitucional para sustituir a dos preguntas que el tribunal había rechazado del grupo de ocho cuestiones formuladas en un inicio por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso.

Así, las dos preguntas validadas, referentes a las funciones y proceso de selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), se unirán a las seis que ya habían pasado el filtro de la Corte Constitucional en un inicio.

Con este dictamen, la consulta preguntará a los ecuatorianos si están de acuerdo con que la Asamblea Nacional (Parlamento) sea el encargado de designar a los miembros del Cpccs, así como a las autoridades que hasta ahora designa este órgano.

Hasta ahora los miembros del Cpccs son elegidos mediante votación universal para encargarse de elegir a autoridades como el Defensor del Pueblo, el Contralor General y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De esta forma, el Gobierno insistió en su intención de quitar poder al Cpccs después de que la Corte Constitucional rechazara las preguntas referentes a eliminar la facultad del Cpccs de designar autoridades y a permitir las intervención de las Fuerzas Armadas para contrarrestar el crimen organizado.

En ese momento, la Corte Constitucional argumentó que el planteamiento de ambas cuestiones no permitía modificar la Constitución por la vía de la enmienda como pretendía el Ejecutivo.

El resto de preguntas validadas por la Corte Constitucional por vía de enmiendas son relativas a permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por narcotráfico y crimen transnacional en otros países y garantizar la autonomía de la Fiscalía en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios.

También fueron aceptadas las preguntas para reducir el número de asambleístas, exigir un número mínimo de afiliados a los partidos políticos, incorporar un subsistema de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas y crear mecanismos de compensación económica para personas que generen servicios ambientales.