El deslave que afectó la tubería de La Mica el 9 de julio expuso más que una infraestructura vulnerable. Reveló fracturas institucionales que agravan la emergencia. Mientras 400.000 quiteños esperan agua, autoridades municipales y nacionales intercambian reproches. El Municipio defiende su gestión. El Gobierno critica la “prestación deficiente” y anuncia plantas móviles. ¿El resultado? Ciudadanos atrapados entre dos narrativas políticas. La emergencia demanda coordinación, no confrontación. Las declaraciones del alcalde Muñoz sobre “no tener tiempo de escuchar” contrastan con la urgencia ciudadana. Igualmente, las críticas gubernamentales, aunque justificadas en términos técnicos, llegan tarde. Los tanqueros estatales y las plantas móviles son pasos correctos. Pero la solución exige que ambas instituciones abandonen el ring mediático. Quito necesita agua, no rounds de acusaciones. La crisis pasará; la necesidad de trabajar juntos, permanece.