El reciente pronunciamiento de la Cámara de Minería del Ecuador sobre el catastro minero y la tasa minera refleja una legítima preocupación por atraer inversión responsable y fortalecer la gobernanza de los recursos naturales. Sin embargo, esta visión contrasta con una cruda realidad: la minería ilegal avanza sin freno en 19 provincias, alimentando redes criminales, destruyendo ecosistemas y desplazando comunidades.
El Estado enfrenta el desafío de equilibrar el fomento a la minería legal con una ofensiva contundente contra la ilegalidad. La fiscalización técnica y territorial, como plantea el comunicado, debe ser real, no simbólica. No se trata solo de cifras ni de atraer capitales, sino de proteger vidas y territorios. El camino está en construir un modelo minero transparente, justo y sostenible, donde el diálogo técnico se convierta en acción efectiva. Ecuador no puede seguir pagando el alto precio de una minería sin control ni conciencia.
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