La minería Ilegal sin control por el paro

La zona minera de La Merced de Buenos Aires, en Imbabura, quedó sin control de la fuerza pública, a causa del paro nacional que inició el domingo pasado. Así denunciaron los habitantes de esta parroquia del cantón Urcuquí.

Aseguran que grupos de buscadores de oro, que realizan minería ilegal, estarían aprovechando la situación coyuntural para operar en las zonas montañosas de la localidad.

Los moradores de Buenos Aires realizaron una asamblea comunitaria, la última semana, para exigir el desalojo de grupos armados y de delincuencia organizada, que se encontrarían controlando las minas Nueva, Vieja y El Olivo. Estos puntos donde se han abierto bocaminas están ubicadas en las concesiones mineras IMBA 1 e IMNA 2, de la empresa Hanrine.

Grupos delincuenciales

Según informes de Inteligencia de la Policía Nacional, en Buenos Aires se han detectado la presencia de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) y de la banda de Los Lobos, que se disputan el control de la zona minería. Además, serían los responsables del hostigamiento y agresiones a la población.
Según una denuncia presentada por la Junta Parroquial de Buenos Aires, tras varios enfrentamientos armados entre grupos armados rivales, los habitantes de las comunidades han sido víctimas de secuestros, desplazamientos forzados y robos de motocicletas y camionetas.

 

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Buenos Aires: destrucción y desalojo

 

Los habitantes de Buenos Aires además denunciaron presuntas invasiones a las comunidades y la ocupación ilegal de propiedades particulares, mediante la usurpación o el arrendamiento de predios en el centro poblado y los sectores de El Triunfo, San Pedro, El Chispo y la vía hacia la vecina parroquia de Cahuasquí.
Es por ello que, como medida alternativa los habitantes de la parroquia, han planteado varias veces que la fuerza pública realice operativos semanales para desalojar a los grupos delincuenciales de Buenos Aires.

En tanto, el Ministerio del Ambiente informó, el viernes, que este año se realizaron 260 operativos de control en el país, para combatir la extracción ilícita de minerales y proteger los recursos naturales. Las tareas se han coordinado con la fuerza pública y la Fiscalía.