IBARRA.- El pasado 21 de julio de 2022, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación tras negarse el informe de mayoría elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales, que recomendó la aprobación de una nueva ley.
Esto trajo, como no podía esperarse de otra manera, una serie de reacciones que tienen como punto principal el temor de que retorne una nueva “ley mordaza” como así se la conoció en tiempos del correísmo a la Ley de Comunicación, en donde el papel sancionador estaba cargo de una cuestionada Superintendencia de Comunicación.
¿Se viene el veto total?
Como era de esperarse, el Gobierno Nacional rechazó de forma enfática, la aprobación de estas reformas a la Ley de Comunicación por parte de la Asamblea Nacional.
El Ejecutivo la calificó como “mordaza” y dijo que esta intenta nuevamente “restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”.
Mediante un comunicado difundido el jueves, el Gobierno dejó entrever que vetará el cuerpo legal. El documento emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, dice que “una vez que la Ley sea enviada oficialmente al Ejecutivo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, evaluará las acciones pertinentes para precautelar la democracia”. Esto lo hará “en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales”.
Propuesta del correismo
El proceso se hizo con base en una moción presentada por la flamante primera vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín, de la bancada del correísmo.
Holguín -a quien el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, encargó la dirección del Pleno-, dispuso la votación del informe de mayoría. No hubo debate sobre los últimos ajustes que se hicieron. Al final, solo alcanzó 55 votos a favor, de los 70 necesarios.
En su lugar, el asambleísta Ángel Maita, del ala radical de Pachakutik, mocionó que se apruebe un informe de minoría. El oficialismo votó en contra y hubo 30 abstenciones del PSC, la ID y parte de Pachakutik que catalogaron al texto como nueva “ley mordaza”.
La Comisión Nacional Anticorrupción también se pronunció, indicando que “al aprobar la Ley para la garantía; promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación”, se evidencia de cuerpo entero en su afán persecutorio a la opinión libre y tiene por objetivo, entre otras cosas, impedir que se informe y divulgue sobre los casos de corrupción que han afectado al país.”
