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martes, 25 junio 2024
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La triste realidad de pueblos alejados de la modernidad

Vivimos épocas distintas en la correlación de una sociedad más fragmentada. Las crisis están presentes y hay sitios, (pueblos alejados) principalmente de la zona fronteriza norte, a donde prácticamente el Estado no ha llegado para atender las necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda y peor aun de obras de saneamiento básico.

En días anteriores tuve la suerte de dialogar con el activista social Pablo Iturralde director de la Fundación “Tierra para Todos”, una ONG que nace mediante Acuerdo Ministerial N° 094 el 23 de septiembre de 2003 buscando ser una respuesta a diferentes necesidades identificadas con los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y mestizas de las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Carchi dentro del cordón fronterizo con el vecino país de Colombia.

La Fundación implementa una red de financiamiento in situ y online, lo cual permite llegar a personas naturales y jurídicas, que a través de donaciones económicas consiguen financiar proyectos para los sectores vulnerables en el territorio nacional.

La misión de “Tierra para todos” es contribuir en el desarrollo sostenible de las comunidades de la frontera norte de Ecuador, en su mayoría población de la nacionalidad awá a través del fomento de medios de vida, la cohesión social y la búsqueda permanente de la paz a través del diálogo y del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y del estado ecuatoriano.

¿Región próspera?
Iturralde sostiene que la visión de la ONG imagina una región fronteriza próspera, tolerante, comprometida por el cuidado del medio ambiente y por el bienestar de los pueblos, nacionalidades y comunidades presentes en la zona en donde la pobreza se haya superado y las personas vivan con dignidad, seguridad y paz.
Sin embargo, los problemas que deben afrontar los pobladores aumentan y en medio de su añorada tranquilidad se puede percibir que hay amenazas que son propias de la zona fronteriza en donde son reales las incursiones de grupos insurgentes, intereses económicos que buscan explotar una zona rica en naturaleza virgen e incluso, presencia de grupos identificados con la minería ilegal.

Realidad desconocida
En un reciente diálogo que mantuve con Pablo Iturralde en ENtv, canal digital de diario EL NORTE, se evidencia preocupación, pero también las ganas y el interés de seguir haciendo presencia en una zona fronteriza en donde están asentados seres humanos desprovistos de la modernidad.

A la ausencia y la falta de interés del Estado, que es histórica, se suma que las autoridades de turno y la codicia de pequeños grupos de poder violentos por tierras aparentemente no habitadas o entregadas en la comunidad awá Río Tigre, ubicada en la parroquia de Chical, cantón Tulcán provincia del Carchi, en la frontera norte del Ecuador, ha hecho que esta zona se encuentre en conflicto permanente por la tenencia, principalmente de la tierra.

En el sector casi inhóspito de Río Tigre, parroquia Chical, cantón Tulcán, hace unos años encontraron cultivos de coca, señaló Pablo Iturralde, unas picas semanas atrás, pero entró el ejército para desalojar a mineros “ilegales” y ahora les culpan de muertos que no existen, nadie quiere apoyar y se han dado alertas de grupos armados, “pero le aseguro que no hay nada”, indicó Iturralde, quien presentó videos de la forma violenta en que quieren que gente humilde desaloje las tierras.

informe pueblos alejados

El activista social Pablo Iturralde, quien también ha participado en actividades políticas, conoce a ciencia cierta la zona fronteriza, puesto que como director de la Fundación “Tierra para todos” ha llegado para apoyar y tratar de solventar las necesidades de comunidades y pueblos asentados en la delicada región fronteriza.

¿Que tiempo trabajan en la zona de frontera?
Nosotros trabajamos 20 años en la zona de frontera, principalmente entre Chical, Santander de Mataje, Mataje Alto, hasta la parte sur de Palmira de Toctemi.

¿Esta zona es conflictiva?
No, históricamente no ha sido una zona de conflicto. El pueblo awá ha mirado de lejos el tema de la minería ilegal, narcotráfico, actores armados y el contrabando que son cosas distintas, pero en los últimos años con el ingreso del carretero y la energía eléctrica su visión de desarrollo va cambiando.

¿Para bien o para mal?
Ahora el celular, los electrodomésticos, la motocicleta se convierten en artículos de primera necesidad para el desarrollo y ellos al no tener fuentes de trabajo ya miran con otros ojos esas actividades ilegales.

¿Cómo lo diferencia?
Por decir algo, las comunidades awá no se encontraban antes involucradas en la minería ilegal, pero ahora ya las vemos involucradas. Para nosotros que conocemos el territorio, hay tres tipos de minería que tal vez en la parte urbana no la vemos que es la minería artesanal o comunitaria, que es la del pico, combo y pala; tenemos la minería criminal como el caso de Buenos Aires y tenemos la minería empresarial que está saliendo de algunos sitios como El Cielito, Manduriacus que son poblaciones que se quedan completamente indefensas.

¿Hay efectos en las tres?
La minería artesanal y la criminal son obviamente actividades ilegales, mientras que la empresarial es legal porque tienen concesiones del Estado.

¿Por qué llamarla minería criminal?
Nosotros hemos contabilizado unos 240 muertos en Buenos Aires, la presencia de tres grupos armados que controlaban las minas en el lugar. Tenemos minería ilegal casi en toda la cuenca del río Mira, Alto Tambo, Tululbí que no sabemos como subsiste.

¿La gente que dice?
En el debate nos ponen: sí o no a la minería, pero la realidad es distinta. En los últimos años nosotros hemos graduado más de 200 bachilleres, pero qué posibilidades laborales tienen esos jóvenes cuando el ingreso a las universidades es imposible, entonces qué otras alternativas tienen.

¿El futuro es incierto?
Hace 10 años conversaba con jóvenes entre 15 y 18 años y les preguntaba cuáles son sus expectativas futuras y decían que querían ser profesores, médicos, ingenieros, pero ahora el 60% de esos jóvenes nos dicen que quieren ser narcotraficantes, directamente y el 40% de las chicas, que las tenemos en estadísticas, nos dicen sin problemas que quieren ser mujeres de narcotraficantes…

¿Hay complicidades?
Siempre que hablamos de minería ilegal hay complicidad, hay negligencia, no solo de los representantes locales del Ejecutivo, sino también de los nacionales, porque no hay conocimiento. Poner un abogado en ARCOM por ejemplo, no tiene ningún conocimiento del tema minero, se encuentra indefenso al calor de las discusiones y de las muchísimas presiones de todo lado, no solo de recursos, sino también violentas y con amenazas..

¿Y grupos irregulares?
Es un mundo que nosotros no vemos y que lamentablemente lo tenemos. A partir del acuerdo de paz de las FARC y la violencia con que incursionó el grupo ”Oliver Sinisterra” del famoso ‘Guacho’, surgen un montón de desplazamientos internos y toda una cultura de violencia que antes no había, porque nos guste o no, la autoridad la ejercen desde el otro lado.

Hablar de Mataje genera miedo…
Santander de Mataje es la cabecera parroquial, donde fueron secuestrados los periodistas y Mataje alto es donde habita el pueblo awá y eso se confunde mucho. Nosotros entregamos material escolar y de bioseguridad hace tres semanas y nos cuentan que son comunidades que prácticamente están secuestradas. El Estado tiene que hacer presencia en salud y educación.

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