Llamados al diálogo y alertas de represión, antesala del paro nacional

Un llamamiento al diálogo y alertas por una posible represión a las manifestaciones sociales que comenzarán desde este lunes 13 de junio de 2022, es la antesala de una movilización o paro nacional contra el Gobierno ecuatoriano en demanda de mejores condiciones económicas y más seguridad.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una de las convocantes a la movilización nacional, asegura que la protesta arrancará «luego de haber agotado las instancias de diálogo (11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre 2021)».

Mientras la Conaie asegura que el Gobierno liderado por Guillermo Lasso «nunca mostró voluntad para atender las demandas sociales», el Ministerio de Gobierno ratificó este domingo su «apertura al diálogo como parte de la política del ‘Gobierno del Encuentro'».

Asimismo, formuló un llamamiento a los manifestantes «a expresar sus opiniones de manera pacífica, en el marco del orden público, el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho».

TEMOR A POSIBLE REPRESIÓN

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó el sábado la movilización anunciada por los grupos sociales.

«La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. Quién se beneficia de otra protesta sin límites?», señaló en un mensaje en Twitter.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, tildó de «muy grave» que el ministro «desde ya anuncie la represión que hará con la población civil», y le recordó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y resistencia social.

Como reacción al trino de Carrillo, la Conaie se adelantó en responsabilizar al Gobierno y a Carrillo «de la violencia estatal, represión y vulneraciones a los derechos humanos que se ejecuten en contra de la población civil».

De su lado, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, advirtió este fin de semana que no permitirán daños durante las protestas.

«No vamos a permitir que se dé otro octubre, encontrarán en todas las autoridades del Distrito Metropolitano un cerco, un muro para evitarlo», indicó en referencia a las protestas de octubre de 2019, cuando unas manifestaciones sociales se tornaron violentas, hubo daños a infraestructuras públicas y privadas, así como retenciones momentáneas de miembros de las fuerzas de seguridad y saqueos.

La Conaie lideró en octubre de 2019 una protesta contra el Gobierno que entonces lideraba Lenín Moreno, y Ecuador quedó paralizado en gran medida del 3 al 13 de octubre por los disturbios.

En las protestas que comenzaron por un decreto que eliminaba históricos subsidios a la gasolina -luego derogado para aplacar las protestas-, murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.

EXIGENCIAS DE LOS MANIFESTANTES

Entre las exigencias de las manifestaciones que comienzan el lunes figuran la reducción y no más elevación del precio de los combustibles, «un alivio económico» para más de cuatro millones de familias con la «moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero.

Piden precios justos en los productos del campo, más empleo y respeto a los derechos laborales, «la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera», así como una «auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales».

De igual manera, el respeto a la educación intercultural bilingüe y que no se privaticen sectores estratégicos del Estado.

Los manifestantes exigen mayor presupuesto para los sectores de la educación y la salud, y la seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas «para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra a Ecuador».

La movilización se realizará a nivel nacional en momentos en que rige un estado de excepción focalizado en tres provincias de la Costa, Guayas, Esmeraldas y Manabí, en un intento del Gobierno por frenar los altos índices de inseguridad.