En reunión instalada con los dirigentes de los sectores, barrios y comunidades del Pueblo Natabuela, se resolvió plegar a la movilización convocada por las organizaciones sociales frente a las medidas tomadas por el gobierno de turno y exigir el cumplimiento de los puntos de las resoluciones tomada por el Consejo Ampliado por la CONAIE.
La decision fue confirmada por sus dirigentes en entrevista con diario EL NORTE y su canal ENtv. Jesús Tobar, dirigente del pueblo Natabuela confirmó que esta decisión de apoyo a los pueblos indígenas está firme y obedece a una crisis social resultado de la incapacidad que tiene este Gobierno. Alrededor de 15 comunidades comenzaron a tomarse las vías.
«Si hay dinero para atender las necesidades más básicas de nuestro pueblo como son la educación, la salud, la vivienda y el empleo; pero este dinero le llega al Fondo Monetario Internacional.
En este sentido se convoca a la movilización social en defensa de nuestros derechos por la educación, por la salud por un trabajo digno y por la economía del país.
Ademas las comunidades indígenas del cantón Antonio Ante se movilizan a la Panamericana E35 al cierre vial indefinid. Así se informó a redes sociales tras finalizar reunión ampliada se decide plegar al paro indefinido dando un plazo de tres días al Gobierno Nacional para escuchar sus 10 peticiones que llevan más de un año sin ser escuchadas.
Se radicalizará y se sentirá con más contundencia la presencia de las manifestaciones en la principal arteria vial se mencionó.
Entre las exigencias de las manifestaciones figuran la reducción y no más elevación del precio de los combustibles, «un alivio económico» para más de cuatro millones de familias con la «moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero.
Piden precios justos en los productos del campo, más empleo y respeto a los derechos laborales, «la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera», así como una «auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales».
De igual manera, el respeto a la educación intercultural bilingüe y que no se privaticen sectores estratégicos del Estado.
Los manifestantes exigen mayor presupuesto para los sectores de la educación y la salud, y la seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas «para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra a Ecuador».
La movilización se realizará a nivel nacional en momentos en que rige un estado de excepción focalizado en tres provincias de la Costa: Guayas, Esmeraldas y Manabí en un intento del Gobierno por frenar los altos índices de inseguridad.
LLAMAMIENTO AL DIÁLOGO
El Ministerio de Gobierno ratificó este domingo su «apertura al diálogo como parte de la política del ‘Gobierno del Encuentro'».
Asimismo, formuló un llamamiento a los manifestantes «a expresar sus opiniones de manera pacífica, en el marco del orden público, el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho».
En su cuenta de Twitter apuntó que «las demandas de los líderes gremiales y movimientos indígenas deben responder a aspiraciones sociales y el bien común».
«No se puede desestabilizar el orden democrático de un país. ¡El país necesita trabajar!», añadió.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó el sábado la movilización anunciada por los grupos sociales.
«La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. Quién se beneficia de otra protesta sin límites?», señaló en un mensaje en Twitter.
Iza tildó de «muy grave» que el ministro «desde ya anuncie la represión que hará con la población civil», y le recordó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y resistencia social.
De su lado, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, advirtió este fin de semana que no permitirán daños durante las protestas.
«No vamos a permitir que se dé otro octubre, encontrarán en todas las autoridades del Distrito Metropolitano un cerco, un muro para evitarlo», indicó en referencia a las protestas de octubre de 2019, cuando unas manifestaciones sociales se tornaron violentas, hubo daños a infraestructuras públicas y privadas, así como retenciones momentáneas de miembros de las fuerzas de seguridad y saqueos.
La Conaie lideró en octubre de 2019 una protesta contra el Gobierno que entonces lideraba Lenín Moreno, y Ecuador quedó paralizado en gran medida del 3 al 13 de octubre por los disturbios.
En las protestas que comenzaron por un decreto que eliminaba históricos subsidios a la gasolina -luego derogado para aplacar las protestas-, murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.
