El Pleno de la Asamblea Nacional, con 83 votos afirmativos, destituyó a Yeseña Guamaní Vásquez, del cargo de Segunda Vicepresidenta, por incumplimiento de funciones, en cuanto a lo establecido en los artículos 14 y 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, referentes al procedimiento de calificación de proyectos de ley, sobre la base del informe de la Comisión Pluripartidista Ad hoc.
Tras la lectura del informe, la asambleísta Yeseña Guamaní ejerció su derecho a la defensa. Explicó que el proceso seguido en su contra no tiene asidero técnico jurídico porque se pretende juzgar a la Vicepresidenta por haber planteado una moción, en ejercicio del derecho que tienen todos los legisladores, frente a una evidente contradicción entre dos normas constitucionales.
Aseguró que la parte denunciante no presentó ni actuó prueba alguna que justifique un proceso disciplinario en su contra. “Me voy con honor y dignidad, porque la decencia no se negocia”, dijo.
De su lado, la legisladora denunciante, Jhajaira Urresta, reiteró que la asambleísta Guamaní incumplió funciones al plantear que se suspenda la calificación de un proyecto de ley encaminado a derogar el Decreto Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Por esta decisión, la calificación del referido proyecto excedió en 27 días el plazo previsto en la ley (60 días), advirtió.
Enfatizó que la actuación de la asambleísta Guamaní ha detenido el trabajo emergente de la Asamblea Nacional al servicio del país. Por ello, se entró en un proceso de remediación de las malas actuaciones de quienes son parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL), al indicar que la Legislatura debe recuperar su carácter de contrapeso frente a los abusos de poder por parte del Ejecutivo.
Debate
En el debate participaron 12 asambleístas, de distintas bancadas y organizaciones políticas, quienes comentaron el proceso seguido por la Comisión Pluripartidista Ad hoc, las causales invocadas por la denunciante, así como los argumentos de la defensa. En el caso de quienes apoyaron el proceso disciplinario, destacaron que en todo momento se respetaron las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa.
Mientras, quienes respaldaron la gestión de Yeseña Guamaní cuestionaron que se juzgue a una legisladora por mocionar que un tema de contradicción entre dos normas de la Constitución sea analizado por la Corte Constitucional, previo pronunciamiento del Pleno de la Legislatura, lo cual constituye un mal precedente en la práctica parlamentaria.