Ciudad

Prefectura de Imbabura interpone acciones legales por el Estadio Olímpico de Ibarra

Boletín Prefectura de Imbabura: 

Desde 1975 y con una inversión de millones de dólares, la Prefectura de Imbabura construyó el Estadio Olímpico en la ciudad de Ibarra y toda su infraestructura deportiva adjunta (patinódromo, coliseo menor, pista atlética, etc.), propiedad que el Municipio de Ibarra reconoce, en escritura pública, a través de un acuerdo firmado en 2009.

¿El Municipio de Ibarra?

Sin respetar las normas legales, la administración municipal de Álvaro Castillo, en su periodo 2014-2019, desconoció esta escritura pública, auto adjudicándose este bien de manera unilateral; para lo cual utilizó equivocadamente la figura jurídica mostrenco que solo aplica para bienes privados y cuando los bienes carecen de propietario, situación que no correspondía, puesto que el Estadio Olímpico es por ley un bien de uso público.

Limitación a Deportistas

Con esta acción, en 2023 los deportistas y la Federación Deportiva de Imbabura, encargada desde 2009 de la administración de este complejo, se ven limitados en el uso de este escenario deportivo, por esta razón en 2024, luego de ponerlo a conocimiento del Pleno del Consejo Provincial y abrir este tema al diálogo, la Prefectura de Imbabura sin respuesta interpone acciones legales para defender el patrimonio provincial y deportivo de toda la provincia y de la ciudad de Ibarra, que no puede ser entregado a entidades privadas.

 El objetivo de esta acción por parte del organismo provincial, liderado por el prefecto Richard Calderón, es fortalecer esta infraestructura en beneficio de las nuevas generaciones y velar por los bienes públicos de la provincia, así como lo hizo con la recuperación y reapertura de la emblemática Piscina Olímpica situada en Ibarra.

En este contexto, la Prefectura de Imbabura hace un llamado a respetar los bienes de uso público y a trabajar coordinadamente para atender las demandas de los deportistas de la provincia y de la ciudad de Ibarra, recalcando que es responsabilidad de todas las autoridades públicas precautelar el uso de los bienes y recursos en beneficio de toda la ciudadanía, por lo que ha tomado las acciones legales correspondientes.

Martín Cuasapud

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