La idea de contar con instancias institucionales que apoyen la gestión de una autoridad en forma efectiva y sobre todo defiendan los intereses institucionales y de los ciudadanos siempre será plausible. Todo depende de la oportunidad y los resultados que se obtengan. No puede darse casos que las denuncias de corrupción se queden entrampados en el simple papeleo que beneficie a los involucrados o, porque definitivamente la autoridad busca congraciarse y juzgar de acuerdo a sus conveniencias. Si lo último ocurre no se ha logrado nada, porque develarían que la intención es simplemente aumentar la burocracia, mantener el silencio cómplice y defender lo indefendible y anómalo.