Romería por victoria judicial para consulta ambiental en Azuay

El excandidato presidencial Yaku Pérez encabezó este sábado una romería a las lagunas de Quimsacocha para celebrar un reciente fallo judicial, que ordena que se hagan la consulta previa y consultas ambientales antes de continuar con el proyecto minero Loma Larga.

«Este es un día muy especial porque ganamos una sentencia histórica, y lo menos que podíamos es venir a reciprocar, a agradecerle a la naturaleza que nos dio estas agüitas, a Quinsacocha, que comenzó hace 25 años desde 1998», dijo Pérez a EFE.

Con la romería también querían dejar de manifiesto su compromiso para continuar la lucha para proteger el agua.

Pérez envió un mensaje «de esperanza, de alegría, de ternura, de amor».

«Decir que la lucha no fue estéril, que valió la pena, que no importa que nos metieron en la cárcel, que nos criminalizaron, que nos descalificaron. Valió la pena», subrayó.

De su lado, el arzobispo de la ciudad andina de Cuenca, Marcos Pérez, quien participó en la romería invitado por las comunidades y los defensores del medio ambiente, anotó que no se puede hablar del lugar sin visitarlo.

Ello «porque solamente experimentando este encuentro con la naturaleza nos damos cuenta de la importancia y la lucha de la gente, (de) por qué se ha pedido siempre que se conserve esta zona, que sea una especie de santuario natural».

«De esto depende la vida, no solamente de los animales y de las plantas, sino de las personas, porque nosotros somos parte de la creación de la casa común y no podemos ver desde fuera las cosas. Tenemos que involucrarnos», opinó.

En la caminata -comentó a EFE- participaron hombres, mujeres, jóvenes, niños: «Se ve que no es una visita turística, es una visita que nos compromete más, que nos lleva a unirnos más a toda la obra creadora y también a tantas, a tantos campesinos, tanta gente que vive en esta zona y que lucha para su subsistencia».

Ritual y misa

En la romería participaron unas 200 personas llegadas desde zonas cercanas, así como de Cuenca, Quito, de la sierra centro, e incluso residentes del archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Tras descender de los autobuses y vehículos particulares con los que se acercaron al lugar, los participantes en la romería caminaron durante una media hora, portando banderas azules, hasta llegar a la zona de las lagunas, donde hubo un ritual desarrollado por el colectivo «Somos Agua».

Además, en el sitio improvisaron un altar desde el cual el arzobispo ofició una misa antes de bendecir unas pañoletas azules que los participantes usaron en sus cuellos, previo a participar en una comida comunitaria.

En su intervención, Pérez explicó el proceso para lograr el fallo judicial.

Minera canadiense

A finales de agosto pasado, la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) anunció que acepta la sentencia del tribunal que ordena realizar una consulta libre, previa e informada y una consulta ambiental entre la comunidades indígenas del lugar, algo que según la empresa ya había planificado antes de llegar a la fase de explotación.

La minera aseguró que «colaborará con el Gobierno para delinear los próximos pasos para las actividades de consulta» sobre Loma Larga, la mina que se ha proyectado en la zona de Quimsacocha, una región de páramos andinos considerada como reserva hidrológica y que defienden desde hace años grupos de ecologistas e indígenas.

Quimsacocha se encuentra unos 30 kilómetros al suroeste de Cuenca, capital de la andina provincia de Azuay (sur), en 2012 el Ministerio de Ambiente recuperó 3.217 hectáreas de las 12.000 dadas en concesión minera, para crear el una Área Nacional de Recreación en el sector conocido como Las Tres Lagunas.

En 2021 la minera DPM adquirió la concesión para extraer oro, plata y cobre, al estimar unas reservas entre probadas y probables de 2,2 millones de onzas de oro y 88 millones de libras de cobre.

El fallo de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay ratificó la sentencia en primera instancia que advertía de una vulneración al derecho a la consulta previa y ordenó al Gobierno realizar también la respectiva consulta ambiental.

Lo último: