Secuestro y cadáveres atribuidos a Los Lobos

La Policía Nacional informó ayer de la liberación de 49 personas que habían sido secuestradas, presuntamente por el grupo delictivo conocido como “Los Lobos”, uno de las bandas criminales a los que el presidente, Daniel Noboa, pasó a llamarlos “terroristas” tras declarar el “conflicto armado interno” en enero pasado. Según el personal policial, las personas fueron liberadas tras allanamientos ejecutados en el cantón Camilo Ponce Enríquez, un enclave minero perteneciente a Azuay, donde la pasada semana ya fueron hallados ocho cadáveres con signos de tortura en una concesión minera. En este cantón, se declaró también un nuevo estado de excepción.

Una violenta retención masiva

Las víctimas fueron secuestradas en áreas mineras del sector, donde las autoridades detuvieron a dos colombianos identificados como Jhon Freddy G. y Wilver Ferney G., presuntamente vinculados al hecho ilícito, y quienes no tenían antecedentes penales. Al ingresar para liberar a las víctimas, los agentes encontraron a 46 hombres y tres mujeres, incluida una adolescente, atadas de pies y manos, quienes manifestaron que se encontraban secuestrados desde el 2 de julio.

Las Fuerzas Armadas indicaron en el operativo de rescate unas 23 personas abrieron fuego en Ponce Enríquez al notar que descubrieron un campamento clandestino armado con plástico negro y palos, donde existían un grupo numeroso de personas de rodillas con las manos en el cuello secuestradas por el grupo criminal. Los militares hallaron a cinco personas asesinadas, cuatro de las cuales estaban desmembradas.

Entre los indicios encontrados en el operativo

 La Policía enumeró cuatro fusiles, una carabina, cerca de 2 000 cartuchos, cinco alimentadoras, 81 tacos de dinamita, 32 teléfonos celulares y una radio. 

A través de las redes sociales, la Policía Nacional incluyó videos y fotografías del operativo en el que lograron la liberación de las personas, pero no ha informado sobre el estado de salud de las mismas.

Desde inicios de año, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.