Cuatro militares procesados por supuesta actividad ilícita de recursos mineros en La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, fueron declarados inocentes.
El Tribunal Penal de Garantías Penales de Imbabura emitió la sentencia, en el denominado caso Oro Verde, el 1 de julio pasado.
Los magistrados determinaron que el teniente coronel Mauricio G., y los cabos primeros Ángel M., Fredy R. y Rodrigo C. no tenían vínculos directores con la actividad de minería ilegal.
Los militares, que estaban uniformados, armados y se movilizaban en una camioneta de las Fuerzas Armadas, fueron aprehendidos durante un control policial junto a 10 personas civiles más, a las 03:00 del 26 de agosto del 2024.
Supuestamente, escoltaban tres camiones que transportaban 680 sacos de yute con material aurífero extraído de la zona minera de esta parroquia. Sin embargo, tras el proceso judicial se determinó que su participación no encaja en la complicidad del delito.
“Las pruebas documentales demuestran que el teniente coronel Mauricio G. y su personal se encontraban ejecutando una operación militar (Cincel), aunque con falencias en la coordinación operativa y administrativa.
Además, hubo falta de comunicación con el escalón superior o la transgresión de la jurisdicción son faltas disciplinarias o administrativas internas de las Fuerzas Armadas. Pero, no constituyen dolo para favorecer la minería ilegal. Por lo tanto, no existe prueba de un acuerdo de voluntades con los grupos delictivos, sino una errónea interpretación de la misión militar.
Al haber actuado bajo el ejercicio de sus funciones militares, con armamento y vehículos estatales, su conducta carece del elemento subjetivo (dolo) necesario para el delito contra los recursos mineros”.
El Tribunal Penal, en tanto, encontró culpables del transporte de material minero a Raúl T., Alexander I. y Darwin I., quienes conducían tres camiones en los que se movilizaba material aurífero, desde una zona en donde realiza minería informal hasta un punto de control policial en la parroquia Buenos Aires.
Ellos fueron sentenciados a 21 años y cuatro meses de privación de la libertad. Además, deberán pagar cuatrocientos salarios básicos unificados (USD 192.800).
Mientras tanto, siete personas más, entre ellas seis ciudadanos extranjeros, que supuestamente fueron contratados para cargar los sacos con el material aurífero, fueron liberados de culpa y quedaron libres.
La sentencia generó sorpresa en organizaciones como el colectivo Bonarences Unidos Protegiendo el Ecosistema (BUPROE), quienes aseguran que la impunidad sigue campante mientras los buscadores de oro continúan destruyendo la naturaleza.
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