El pasado mes de julio la Unión de Organizaciones de Comerciantes Minoristas de Ibarra cumplió 34 años de vida en medio de observaciones e incumplimientos.
Así lo expusieron Luis Valencia y Paolo Minda expresidente y exvicepresidente de la organización social, respectivamente, quienes llevaron su demanda a las autoridades pertinentes, en este caso el Ministerio de Trabajo y que es la disolución definitiva de esta organización, sin embargo no han sido escuchados.
La razón: Esta agrupación lleva 11 años funcionando fuera de las normas como manda su estatuto.
La consulta
Diario EL NORTE acudió hasta donde los protagonistas para escuchar la versión de Blanca Quiguango, quien figura como presidenta “prorrogada en funciones” desde el 2012, año que se debía convocar a elecciones según determina el Art 17 literal f de su estatuto.
Al consultarle el motivo por el cual se mantiene en funciones, la comerciante manifestó que cuenta con el apoyo de sus representados y que el pedido de los dos exmiembros del comité ejecutivo no tiene lugar, porque ya no trabajan en el mercado y vendieron sus puestos.
Ante estas declaraciones, el pasado 27 de agosto Polo Minda acudió a la redacción de este rotativo a solicitar una réplica.
Paolo Minda aclaró que en ningún momento ha vendido su local y que trabaja en el mercado La Playa vendiendo mariscos. “Nosotros como expresidentes vemos con preocupación la falta de gestión en defensa del mercado minorista frente a los atropellos que se vienen dando como clausuras indebidas abusos de canon de arrendamientos y otras más. Nosotros no nos sentimos representados”, aclaró Minda.
Lo que dice la norma
Según el Ministerio de Trabajo, donde reposa el trámite, en este caso la única figura válida es la disolución voluntaria por votación de una asamblea de todas las partes, sin embargo, para Minda esto no puede ocurrir ya que las organizaciones que conformaron la Unión de Comerciantes, no existen ya que jamás se registraron como lo determina el art. 7 del mencionado estatuto y peor aún no existe hasta la fecha ningún trámite, ni convocatoria a nuevas elecciones.
Por tanto la organización está en acefalía y que la actual presidenta está usurpando funciones que no le competen y que jamás registraron comité ejecutivo alguno en el Ministerio de Trabajo y que la última directiva se registró en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con fecha 6 de diciembre de 2010.
