El próximo 22 de agosto, 163 mil estudiantes, del sistema educativo fiscal de Imbabura, iniciarán el ciclo escolar 2023 – 2024. En la provincia se registran un total 140 instituciones educativas que cubre niveles iniciales, escolares y de bachillerato.
Sobre la infraestructura
Según Martha Valencia, coordinadora zonal 1 del Ministerio de Educación, actualmente, se trabaja en los procesos de compras públicas para poder restituir la infraestructura afectada. Indicó que unidades educativas como Valle del Chota, 17 de Julio, Ibarra son prioritarias.
La funcionaria señaló que la entidad distrital está a la espera de la adjudicación de contratos para iniciar con los arreglos de escuelas y colegios de la provincia.
Además, indicó que las infraestructuras educativas en Imbabura se encuentra en estado aceptable, sin embargo, aclaró que sí registran instituciones con “nudos críticos”.
“En algunos casos ya iniciamos con los procesos de contratación para realizar los correctivos, manejamos este tema, también, con aliados estratégicos. Estamos muy cerca de firmar un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Alcaldía de Ibarra, como con otras autoridades de la zona 1” aseveró Valencia.
Problemas básicos
La autoridad educativa mencionó que, en escuelas y colegios, los problemas básicos son daños de cubiertas, baterías sanitarias, paredes, entre otros.
En lo que respecta en el sector rural, Valencia señaló que las unidades educativas están en buenas condiciones, de igual forma, se hacen trabajos correctivos.
Sobre la inversión para mejorar la infraestructura educativa, la Coordinadora dijo que se requerirán más de USD 2 millones, es monto es para 22 instituciones del distrito Imbabura.
“Estamos levantando los informes de infraestructura, por ahora, tenemos de 22 instituciones, la inversión supera los $2 millones”, dijo Valencia, quien, también, aseguró que durante el desarrolló del ciclo escolar, la Coordinación Zonal actuará en las unidades educativas.
Para ello, explicó que se cuenta con un plan de contingencia para no interrumpir la jornada de clases de los alumnos. Añadió que el fin es que los contratistas cumplan con el cronograma de mantenimiento, adecuaciones y arreglo de las instituciones educativas a tiempo.