Yachay: ¿Y los bienes?, se habla de contratos ilegales

URCUQUÍ.- La gestión en la exEmpresa Pública Yachay sigue siendo noticia y no precisamente buena. Se habla de que la gestión en Yachay E.P -luego Siembra E.P- “no solo fue negligente, sino que rayó en lo delictivo”. Así lo estableció la Contraloría.
Un reportaje de diario Expreso, escrito por Sara Ortiz, señaló que la Contraloría en marzo envió a la Fiscalía General dos informes con indicios de responsabilidad penal por el manejo financiero y administrativo.

Los casos están en marcha y señalan posibles tráfico de influencias, peculado y falsificación de documentos, actos que ocurrieron entre septiembre de 2017 y mayo de 2020, en el gobierno de Lenín Moreno, se afirma.

¿Y dónde están los bienes?
La Contraloría indica una serie de actos irregulares que causaron perjuicios para el Estado. Entre estos, 25 bienes de larga duración, como escritorios, computadoras, sillas, etc., desaparecieron, sin que hasta ahora se hayan recuperado. Estaban valorados en USD 1,3 millones.

De manera especial, señala la nota periodística, la auditoría revisa los procesos de contratación y las fallas que tuvieron, lo que permitió que se escojan empresas que no tenían experiencia o que estaban impedidas para ser contratadas.

Esto se dio en la compra de prendas de protección para los trabajadores de Yachay EP. El contrato era por USD 41.054, mediante el proceso de subasta inversa electrónica.

Como ocurre en otras áreas como la salud, las pujas terminan siendo arregladas, pues se permite solo participar a pocos oferentes. En este caso, lo que sucedió fue que se permitió pujar a dos empresas, a las que se les pedía 15 años de experiencia en contratos similares.

La compañía que logró la adjudicación presentó como experiencia dos facturas. Los auditores revisaron la documentación y encontraron que eran falsas, ya que nunca tuvo ventas.

Contrato con Runachay
En el dato de Expreso, se habla de un segundo contrato, por USD 2 600, “fue por la organización de un foro jurídico con el Centro de Estudios y Capacitación Runachay. En este caso se descubrió que Diliana Domínguez Bastardo, exgerente de Educación Científica, Ciencia y Tecnología de Yachay, y el centro de estudios tenían relación.

A través de la información de la Superintendencia de Compañías se evidenció que la gerente de Educación Científica, Ciencia y Tecnología, quien aprobó la necesidad y solicitó la contratación, fungió como accionista del Centro de Estudios y Capacitación Runachay”, indica el informe.

“En el centro privado también eran accionistas otros profesores de Yachay, de nacionalidad venezolana”. La nota periodística concluye que en la Fiscalía, desde 2018, una denuncia por posible peculado en Yachay no ha avanzado. La Contraloría ya glosó a exgerentes con multas de USD 31 millones.