Por:  Spondylus Info Lab Las organizaciones políticas nacionales no ganan solas en las provincias, apenas un 35% de autoridades seccionales responde sólo a esas agrupaciones, el resto ha ganado sus cargos por alianzas entre ellas o con movimientos locales y muchas veces son los mismos personajes, caciques locales, los que se imponen. Nombres simples que pretenden atraer a electores con conceptos de unión, de cambio, de belleza, de renovación, de progreso son las alianzas más comunes para las elecciones seccionales en Ecuador, donde los partidos o movimientos políticos nacionales no logran imponerse solos frente al poder local. Para muestra un botón: “Por ti Urdaneta mi tierra amada”. Solo el 35% de alcaldes y prefectos del país proviene de un solo partido o movimiento político nacional, es decir 89, de los cuales 78 son alcaldes y once prefectos. El resto proviene de alianzas entre tiendas nacionales o entre estas y movimientos locales. El caso más extremo registrado en 2023 es la alianza “Unidos por Los Ríos”, listas 1-3-4-17-20-21-23-25, en la que confluyeron ocho partidos o movimientos: Centro Democrático; Partido Sociedad Patriótica; Pueblo, Igualdad y Democracia; Democracia Sí; CREO; SUMA y Construye. Juntos ganaron dos puestos de los 14 que estaban en juego en esa provincia. Se llevaron las alcaldías de Baba y Vinces. Manabí es otro caso particular donde la identidad local se impone. Así, la Alianza por la Unidad Manabita, que agrupa a los movimientos locales Caminantes y Movimiento Unidad Primero (MUP) se unió con el Partido Social Cristiano y con SUMA para las elecciones seccionales. De las seis alcaldías que ganó (de un total de 23 cargos en competición), cuatro fueron con autoridades reelectas. Además, para obtener otros dos cantones, esta alianza se amplió e incluyó a los movimientos cantonales transformándose en Alianza por la Unidad Bolivarense y Alianza por la Unidad Rocafortense. La Revolución Ciudadana, que es potente en Manabí, también tuvo que competir bajo la alianza RC-Sí Podemos, listas 5-72, para obtener siete alcaldías, de las cuales tres fueron reelección. En El Oro, el Movimiento Sur Unido Regional, liderado por el prefecto reelecto Clemente Bravo, ganó también las alcaldías de El Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Zaruma. Los movimientos locales no son monopolio de la Costa. En Chimborazo, el Movimiento Político Provincial Cambio (MPPC) se impuso en Alausí, Chambo y Chunchi. Integración Cívica Tungurahua, en alianza con Centro Democrático (CD-MCAT), obtuvo las alcaldías de Baños, Mocha y Patate en esa provincia. Mientras que en Carchi existe el Movimiento Social Conservador del Carchi (MSC) que obtuvo la Prefectura y las alcaldías de Montúfar, Bolívar y Mira, estas dos últimas con organizaciones nacionales distintas. Tres de los cuatro son autoridades reelectas. Ver además: En Carchi se reeligen dos de cinco candidatos   En los comicios seccionales de 2023, las organizaciones nacionales con mayores puestos fueron la RC y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, ambos con 23 dignidades cada uno. De acuerdo con el Mapa de organizaciones políticas de Ecuador (2025), en el país existen 17 partidos y movimientos políticos nacionales, 62 movimientos provinciales, 139 cantonales y 15 parroquiales. Para Simón Pachano, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), hay dos factores que explican la débil presencia local de los movimientos y partidos nacionales. Por un lado, aseguró, en Ecuador no existen partidos políticos con ideario, militantes, escuelas de formación o foros de discusión sobre políticas públicas; lo que existe son membretes políticos, maquinarias que necesitan ganar para mantenerse. Por otro lado, añadió, el país es bastante fragmentado, con identidades cantonales y regionales fuertes, cuya realidad no depende de la política nacional, incluso puede ser más prestigioso seguir manteniendo presencia local en lugar de ir a la Asamblea Nacional, por ejemplo. Esta situación no es única de Ecuador, sino que es muy normal en América Latina, con excepción posiblemente de Uruguay, explicó el politólogo. “Me parece que impera una lógica de tipo empresarial, si quiero entrar en un territorio es más fácil aliarme con el líder de ese territorio, me consigo un vendedor local, en lugar de desarrollar mi infraestructura desde cero”, comentó Pablo Medina, politólogo de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). Aunque no hay estudios sobre cómo funcionan las dinámicas de alianzas entre organizaciones políticas, Pachano señaló que generalmente son circunstanciales, ganen o pierdan la elección, se acaban; de ahí la importancia de quién realmente es la persona que se convertirá en alcalde o prefecto. Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Treinta y siete medios de comunicación se han unido para difundir esta información. MIRA LA INFORMACIÓN ACÁ:  

Por: Spondylus Info Lab Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos penales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio. Presuntos delitos que van desde el robo o la estafa hasta asociación ilícita o el peculado pasando por el incumplimiento de decisión de autoridad competente, conforman el grueso de 264 procesos penales que atañen a 118 alcaldes y prefectos, más de la mitad de las autoridades subnacionales del Ecuador. De estos procesos, 217 son archivos de la investigación previa por pedido de la Fiscalía. Además, hay dos archivados por prescripción y dos archivados por principio de oportunidad. En total son 221 procesos archivados sin formulación de cargos, es decir la mayoría. Veinte de las 245 autoridades al frente de alcaldías y prefecturas, alrededor de un ocho por ciento, han sido procesadas por más de un delito, en algunos casos antes de que asumieran su cargo. Estas son las cifras que arroja el sistema público de consulta de procesos judiciales electrónicos del Consejo Nacional de la Judicatura, llamado e-Satje. Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Para difundir esta información, se han unido 37 medios de comunicación.      Autoridades acumulan varios procesos Entre los casos que no han han sido archivados y que no se relacionan con cuestiones administrativas, esta alianza periodística encontró 28 procesos penales que atañen a 20 autoridades subnacionales. La que ha enfrentado más procesos es la alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola, Ligia Caiza, que ganó esa dignidad en 2023 por la alianza Partido Sociedad Patriótica, Avanza y CREO con el movimiento local Antisuyo Ushito (3-8-21-61). Este cantón, junto con Tena, concentra la mayoría de concesiones mineras de la provincia de Napo. La ingeniera ambiental registra cuatro causas: tres son por presunta asociación ilícita ligada al tráfico de combustible y otro por presunta minería ilegal. En los tres primeros, Ligia Caiza fue declarada inocente en primera instancia y la sentencia ya se encuentra ejecutoriada, mientras que en el cuarto, la Fiscalía no formuló cargos en su contra. Este caso comenzó con un operativo de la Policía Nacional para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados para minería ilegal. Para la Fiscalía, Caiza y su esposo, Jofre Coronel (quien tiene a su nombre una concesión minera artesanal), habrían sido los líderes de esta organización. La investigación se abrió el 31 de marzo de 2023, mes y medio antes de que Ligia Caiza fuese posesionada como alcaldesa, y la sentencia se dictó en enero de 2026. Después de Caiza, el alcalde de Guayaquil enfrenta tres procesos. Aquiles Álvarez, que llegó por la alianza RETO-RC y dirige la ciudad más poblada del país, fue llamado a juicio en el caso Triple A, por el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles en la frontera sur, un proceso iniciado en julio del 2024 y que involucra a 16 personas y seis empresas. Según la Fiscalía, las empresas habrían desviado el diésel subsidiado vendiéndolo a precio de mercado, lo que habría provocado un perjuicio al Estado de USD 100 millones. Luego, la Fiscalía abrió la investigación conocida como Goleada, ahora en etapa de instrucción fiscal, por el presunto delito de lavado de activos, derivado del caso inicial. Cuando fue detenido en su casa en Samborondón, el 10 de febrero pasado, Álvarez no portaba el grillete, por lo que ahora es investigado por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Empresario y dirigente deportivo, Álvarez ha mantenido relación con una treintena de compañías y el análisis de su patrimonio demostró cambios inusuales así como la no inclusión de todos sus bienes. Entre 20023 y 2024 tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión había declarado USD 7.730.592 y en 2024 USD 5.870.330. Para 2025 lo aumentó a USD 7.431.403. Ahora lo reemplaza su coidearia Tatiana Coronel al frente de la Alcaldía de Guayaquil.     Otro caso es el del prefecto de Sucumbíos, Yofre Poma Martín, que llegó a ese cargo por la RC en 2023. El proceso en su contra se originó por las violentas protestas de octubre de 2019. En aquel entonces, siendo asambleísta, participó en la toma de la estación de bombeo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, obligando a suspender las operaciones petroleras. Fue sentenciado como cómplice de paralización de servicios públicos a un año y cuatro meses de prisión y permaneció recluido varios meses hasta beneficiarse de la suspensión condicional de la pena en 2020. Dos años después, en 2022, la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía. Poma ha sido gobernador, alcalde, asambleísta y, ahora, Prefecto. Cuando era alcalde de Lago Agrio, entre 2009 y 2014, también fue enjuiciado por el presunto delito de peculado por la venta de un terreno municipal. Fue sobreseído por la falta de elementos probatorios. Las autoridades que más procesos archivados tienen son los de La Libertad, Francisco Tamariz Guerrero (electo por CD-AVANZA-DSI-Unete), por presuntos delitos de intimidación y tráfico de influencias; la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento, por presunto delito de daño a bien ajeno, y el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, por los presuntos delitos de concusión y falsificación de documentos. Existen otras autoridades con un solo proceso y cuyos casos han sido de mayor connotación pública: los alcaldes de Pujilí, José Arroyo Cabrera; el de Riobamba, John Vinueza Salinas; de Aguarico, Juan Carlos Orellana, y el de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio.     Arroyo Cabrera cumple prisión preventiva dentro del caso Ornato Municipal por presunto peculado. La Fiscalía lo acusa de presuntamente haber ideado y dirigido un esquema de simulación contractual relacionado con compra de plantas y la construcción de un parque, cuyo monto total supera los USD 300 mil. Arroyo incluso ha impulsado una querella por calumnia en contra del vicealcalde y actual reemplazo, Raúl