Por: Spondylus Info Lab Un análisis detallado de los patrimonios de alcaldes y prefectos del país revela que un tercio de las autoridades subnacionales registró saltos inusuales en sus declaraciones patrimoniales que constan en la Contraloría General del Estado y son públicas. Incrementos patrimoniales millonarios, aumentos importantes en términos de porcentajes, montos con variaciones inexplicables y autoridades que continúan al frente de sus empresas son algunos de los trazos más destacables de quienes gobiernan provincias y ciudades. Autoridades que en apenas un año compraron varios lotes de terreno y casas, vehículos de alta gama, ganado y hasta equipo caminero conforman el detalle de estos incrementos a lo largo del mapa de los alcaldes y prefectos del país. Un lienzo permeado por la violencia impuesta por los grupos de delincuencia organizada (GDO) para controlar el territorio y expandir su economía ilegal. Cinco alcaldes han sido asesinados en ataques estilo sicariato o en situaciones aún no esclarecidas, en tanto que otros cinco han sufrido atentados. También por indicios de corrupción que investiga la Fiscalía. Tres alcaldes están en prisión procesados por peculado, delincuencia organizada o lavado de activos, ellos presiden los cantones de Pujilí, Esmeraldas y Guayaquil. Por el momento los reemplazan alcaldes subrogantes. Otro, el de Riobamba, sigue en funciones, en espera de su audiencia de juicio. Además, una prefecta renunció antes de culminar su periodo, la de Guayas. Una mirada en detalle a los registros públicos de estas autoridades —en total 225 alcaldes (222 más tres subrogantes) y 23 prefectos (Galápagos no lo tiene)— encontró 79 casos de saltos patrimoniales inusuales, registrados en sus declaraciones juradas realizadas ante la Contraloría General del Estado.  De las 248 autoridades analizadas, 68 tienen acciones o participaciones en compañías activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Además, 29 de los 248 son administradores de empresas, combinando su función pública con su actividad privada.  Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos judiciales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.     Millonarios saltos El caso más llamativo es el del alcalde de Esmeraldas, el empresario y abogado Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por Unión por la Revolución Ciudadana. En 2023, cuando hizo su primera declaración patrimonial jurada tasó su fortuna en USD 1.442.301. Al año siguiente, el alcalde fijó su patrimonio en USD 4.314.426, es decir un incremento de casi el triple. Para 2025, declaró un valor un poco menor: USD 4.209.579, de los cuales más de USD 2 millones correspondían a maquinaria y equipo y USD 713.543 en cuentas bancarias. Es accionista de dos empresas activas y en una de ellas es también administrador. El lunes primero de junio, esta alianza periodística pidió su versión al alcalde a través de un correo electrónico, pero al día siguiente la Fiscalía lideró un operativo y lo arrestó el miércoles. Es investigado por presunto lavado de activos. La semana pasada la concejala Laura Yagual Salazar asumió como alcaldesa subrogante.     Otros dos alcaldes que cumplen su primer periodo presentan variaciones patrimoniales importantes, ambos son de Manabí. El de Rocafuerte, Norberto Vélez Bazurto (Rocafuerte Nueva Visión), declaró USD 3.408.400 al inicio de su gestión y al año siguiente indicó USD 3.740.900, lo que representa un aumento de USD 332.500 en un año. En 2025, en cambio, el empresario mantuvo ese valor sin variaciones. El doctor Vélez señaló vía telefónica que el incremento en su patrimonio se debe a que el terreno de su propiedad donde funciona el Hospital de Sanación Energía y Vida que dirige se ha revalorizado por ampliaciones realizadas. Al momento la clínica cuenta con 20 camas y trata varias especialidades con medicina oriental y occidental, tiene un centro para la tercera edad, destacó. Además de ese negocio, Vélez vende productos farmacéuticos y posee una radio. A su vez, Ledy Laura Muñoz (Alianza por la Unidad Bolivarense), de Bolívar (Calceta), se posesionó con un patrimonio de USD 1.592.838, que aumentó a USD 1.867.080 en 2024 (USD 274.242 de incremento) y al año siguiente retrocedió a USD 1.708.006. Muñoz no tiene relación con compañías. Junto con estos tres alcaldes millonarios, está el de Naranjito, el médico Cristian Suárez Peñafiel (PSC), cuyo patrimonio fue cero dólares en 2023, pero siguió en constante aumento: USD 454.775 en 2024 y USD 637.076 en 2025. Posee tres casas, una en Santa Elena, y cuatro vehículos valorados en USD 120.000. En ocasiones, estos saltos patrimoniales no se dan en el primer año de gestión, sino en el segundo. Es el caso del alcalde Naranjal y de la prefecta de Cotopaxi.  Juan Carlos Rivera, comerciante de 46 años que llegó a la alcaldía por CREO, no aumentó significativamente su patrimonio entre 2023 y 2024, cuando declaró USD 1.179.321. En cambio, al año siguiente registró USD 1.871.650 (un incremento de USD 692.328); entre sus bienes incluyó 27 propiedades, entre casas, solares, fincas y terrenos. Lourdes Tibán (Pachakutik), en cambio, pasó de un patrimonio de USD 677.729 en 2024 a USD 940.656 en 2025 (un aumento de USD 262.927,21). Sus activos se concentran en inversiones por USD 495.373 y un total de 21 bienes inmuebles. Ni Rivera ni Tibán tienen acciones en compañías. A su vez, existen otras autoridades que ya van por su segundo periodo y que también registran cambios importantes de patrimonio. Son los prefectos de El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos. El ingeniero civil y abogado Clemente Bravo Riofrío (56 años) ganó la prefectura en 2019 y tiene su propio partido político SUR. Comenzó con un patrimonio de USD 490.691 que se situó en un pico de USD 5.768.451 en 2023 y después retrocedió a USD 1.312.049 según su última declaración de 2025. Camaronero, acumula más de dos décadas en cargos públicos, primero como alcalde de Santa Rosa por 18 años.     La prefecta de Santo Domingo, Johana Núñez García, registra cambios grandes. En 2019 declaró un patrimonio de USD 1.267.150,