El Frente Popular de Imbabura denunció que el Gobierno de Daniel Noboa impone un “paquetazo” económico sin consultar al pueblo y reprime con violencia a quienes ejercen el derecho constitucional a la resistencia. La organización cuestionó el alza del diésel de 1.80 a 2.80 dólares, medida que califican como una imposición del FMI.
Según el colectivo, esta decisión encarecerá hasta en un 56% el transporte, los alimentos y la canasta básica, afectando directamente a los sectores populares. Además, criticaron que mientras se recaudan recursos con estas medidas, se perdonaron millones de dólares a grupos económicos poderosos y familiares del presidente.
Desde la agrupación provincial hicieron un llamado a la unidad de trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres y barrios para exigir la derogatoria del Decreto 126. “Solo la organización y la lucha son el camino para defender nuestros derechos”, señaló el pronunciamiento.
La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) también anunció movilizaciones. Los dirigentes convocaron para este martes 16 de septiembre a una marcha que partirá a las 15:30 desde la pileta de la Universidad Central. La protesta respaldará a la población de Cuenca en defensa del agua y de las clases oprimidas.
En paralelo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) confirmó que realizará una movilización nacional el próximo martes 23 de septiembre. Su presidente, Edwin Bedoya, indicó que no solo rechazan la eliminación del subsidio al diésel, sino también las reformas económicas, la fusión de ministerios y la desvinculación de miles de funcionarios públicos.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) se declaró en reuniones permanentes. Su presidente, Rafael Negrete, expresó que el traslado de la sede de Gobierno a Latacunga representa una “provocación” a las comunidades. El viernes realizarán una asamblea provincial donde decidirán las acciones a seguir frente a las medidas económicas y la problemática minera en su territorio.