La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación previa por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado contra 58 personas, vinculadas al movimiento indígena, organizaciones sociales y ecológicas del país. Entre los implicados están tres autoridades de elección popular de Imbabura (RC). Se trata del prefecto Richard Calderón, la viceprefecta Paolina Vercoutère y la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa.
La noticia se difundió la noche del viernes último, luego que Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), otro de los investigados, hizo pública la notificación de la FGE. A través de su cuenta X señaló que la FGE le solicitó su dirección electrónica, para proceder a las respectivas notificaciones.
Las reacciones
El anuncio del inicio de la investigación previa se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando comentarios a favor y contra de los vinculados.
Vargas, por ejemplo, considera que se trata de una persecución masiva en contra de más de 50 dirigentes, precisamente durante el paro nacional.
Según la Conaie, esta notificación es parte de un “mecanismo más de criminalización y persecución política y judicial del gobierno de Daniel Noboa, en complicidad con la Fiscalía, para frenar el paro nacional y deslegitimar las demandas con falsas acusaciones”.
En Imbabura no hubo un pronunciamiento oficial de los investigados, hasta la mañana del pasado sábado. Sin embargo, la Alcaldesa de Otavalo denunció, en la página oficial del municipio, que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas. Aseguró que eso sería parte de “una persecución del Gobierno Nacional que culpa a correístas de la violencia y el vandalismo”. Además, aseguro que el congelamiento de su cuenta le afecta porque ella es cabeza de familia.
El bloqueo de cuentas es una de las medidas previstas mientras se desarrolla la investigación previa, para evitar movimientos de dineros de presunto origen ilícito, de comprobarse que los implicados incurrieron en un delito.
Otros personajes vinculados
Este es el segundo revés judicial para funcionarios como la Viceprefecta de Imbabura. Paolina Vercoutère fue acusada de haber afectado los derechos de una funcionaria de la institución con una enfermedad catastrófica a la que desvinculó violentando la Constitución. Es por ello que un Tribunal Penal le obligó a restituir a la trabajadora, entre otras medidas previstas.
Entre los investigados está Sayri Anrango, asambleísta alterno por Imbabura de Pamela Aguirre. También Jorge de la Torre, concejal de Otavalo, Manuel Mesias Flores, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) y Pacha Terán, ex candidata a vicepresidenta de la República, por Unidad Popular, entre otros.
