El periodista Camilo Ponce, director del medio digital El Vanguardista, denunció haber sido víctima de ataques digitales y amenazas después de participar en una entrevista sobre la situación del paro en la provincia de Imbabura, realizada por la periodista Janeth Hinostroza.
El hecho ocurrió en el contexto del paro nacional, a finales de septiembre de 2025. Tras la difusión de su análisis sobre los intereses políticos detrás de las movilizaciones, una página local publicó un video editado de la entrevista, acompañado de mensajes descalificatorios y su número telefónico personal.
En la publicación lo califican como “mentiroso”, “racista” y “servil”, e instan a la audiencia a “escribirle mensajes de cariño”, exponiendo públicamente sus datos personales.
Luego de esa publicación, el periodista quien además es conductor de un programa radial en La Voz de Imbabura, comenzó a recibir llamadas telefónicas anónimas con amenazas, en las que le advertían que “sabían dónde vivía” y que “se atenga a las consecuencias” si continuaba expresando sus opiniones en medios de comunicación.
“Al denunciar que detrás del paro había intereses políticos, editaron mi video, pusieron mi número y empezaron los ataques. Me llamaron diciendo que conocen dónde vivo y que van a incendiar mi vehículo.”, relató Camilo Ponce a Fundamedios. “Nunca he tenido un problema así en más de 30 años de trabajo. He hecho coberturas de alto riesgo, pero esta vez sí me asustó, porque involucraron a mi familia”, añadió.
Este caso se suma a un patrón de hostigamiento digital contra periodistas locales en contextos de protesta social, en los que páginas o cuentas anónimas difunden información manipulada, datos personales y mensajes de odio para desacreditar voces periodísticas. Además en otros casos reporteros y fotografos han recibnido agresiones y ameazas de lado y lado.
Un reportegro gráfico en Imbabura fue obligado a borrar im{agenes de su celular que retrataban la agresividad de ciertos manifestantes identificados como parte de las comunidades. En medio de las movilizaciones que sacuden a Ecuador desde el 22 de septiembre de 2025, el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de asociación enfrentan una de sus peores embestidas en años.
Fundamedios ha documentado 31 agresiones contra periodistas, medios de comunicación, trabajadores de la comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, en un patrón que combina violencia física, hostigamiento estatal, censura y restricciones a derechos fundamentales.
Desde la policía y la fuerza militar también se han registrado agresiones. Algunos periodistas que cubren las protestas afirman haber recibido insultos, palos y piedras; los segundos, gases lacrimógenos y una represión indiscriminada en zonas de cobertura, aseguran gremios periodísticos
La periodista Elena Rodríguez denunció este martes que la fuerza pública atacó con motos y gases lacrimógenos al equipo de Radio Pichincha que cubría las manifestaciones en la Universidad Central. La reportera Mishell Villacis (Teleamazonas) afirmó recibir un golpe con una piedra minutos antes de entrar al aire San Miguel del Común, al norte de Quito. Finalmente, el gobierno nacional expulsó a un periodista español que cubría las protestas indígenas contra del regimen por considerarlo una «amenaza» para la seguridad del país.
En Imbabura, el periodista Camilo Ponce presentó una denuncia formal ante la Fiscalía provincial. El caso fue aceptado e inició el proceso de reconocimiento de firma y documento. Se solicitó la intervención de la Unidad de Delitos Tecnológicos para rastrear la dirección IP desde la cual se publicó el material editado. Hasta el momento, no se han reportado avances significativos en la investigación ni medidas de protección específicas para el periodista.
