El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el pasado viernes la extensión por 30 días del estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país y en un municipio de una séptima provincia, debido a la grave conmoción interna provocada por el crimen organizado.
Originalmente, el estado de excepción había sido decretado por Noboa por 60 días, a partir del 2 de julio. Con este nuevo decreto, la medida se mantendrá por un mes más en las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena y El Oro, en la provincia tropical de Los Ríos y en la amazónica provincia de Sucumbíos. Además, incluye el municipio de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay, un enclave minero donde bandas criminales intentan controlar su actividad.
El estado de excepción implica la suspensión temporal de algunos derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como el derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, se garantiza el derecho a la protesta pacífica, conforme lo dictaminó la Corte Constitucional en su revisión de la medida. En 19 municipios de las zonas bajo el estado de excepción, se mantendrá un toque de queda nocturno de 22:00 a 5:00.
Al empezar agosto, la Corte Constitucional validó este estado de excepción tras haber anulado dos decretos anteriores, argumentando que no estaban debidamente justificados y que la declaración de “conflicto armado interno” no era suficiente motivo de implementación.
