La Sala que conoce el caso conocido como de los 12 de Otavalo, resolvió este viernes 17 de octubre de 2025 dar paso a un proceso de diálogo de interculturalidad entre las partes. La decisión se tomó al cierre de la audiencia judicial desarrollada en Quito, en la que se analizaron las condiciones de los acusados y los procedimientos pendientes del caso.
En la misma estuvieron presentes de manera telemática algunos dirigentes de las comunidades, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado, así mismo los procesados privados de la libertad en Ibarra, Portoviejo y Esmeraldas.
Luego de alrededor de 6 horas de audiencia, en la cual la defensa emitió sus argumentos, y de la misma manera la Fiscalía y el abogado de la Policía Nacional, pasaron a la etapa del diálogo intercultural.
Sin embargo, esta no se pudo efectuar por solicitud expresa de los mediadores y se decidió postergar la audiencia para después de ocho días en los que se preparen las garantías necesarias para realizar dicha pericia.
Como parte de la resolución, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) deberá trasladar físicamente a las personas involucradas en la próxima convocatoria. La medida busca garantizar su participación directa en el diálogo, dado que pertenecen a distintas comunidades indígenas del norte del país.
«Nos deja un sabor agridulce, por un lado, celebramos que las autoridades judiciales estén abiertas al diálogo intercultural y pericias antropológicas, pero cuando hay circunstancias como las que vive Otavalo se tiene siempre que medir el principio de justicia y no sacrificarla por las formalidades. Quienes estuvieron en la audiencia se dan cuenta de que la Fiscalía no tiene nada para justificar ni el delito peor la prisión preventiva», dijo Mario Ruiz, uno de sus abogados.
La Sala ordenó además la presencia de los miembros de las comunidades, del fiscal y de la persona designada para realizar la pericia antropológica. Esta evaluación permitirá incorporar criterios culturales y sociales en el análisis judicial, en concordancia con los principios de interculturalidad.
De igual forma, se dispuso la realización de una pericia intercultural a cargo de un experto que pertenezca a una comunidad indígena. El informe deberá completarse en un plazo máximo de ocho días y servirá como insumo para las siguientes fases del proceso.
Se prevé también una consulta para determinar la posibilidad de llevar a cabo la audiencia in situ, en territorio, con el fin de propiciar un entorno más representativo. Finalmente, la Sala ordenó una evaluación médica inmediata a dos de los procesados por su condición de discapacidad, antes de fijar una nueva fecha para la próxima diligencia.
