El paro nacional iniciado el 22 de septiembre de 2025 se consolidó como una de las movilizaciones más significativas de los últimos años en Ecuador, al reunir a organizaciones indígenas, campesinas y sociales en rechazo a un conjunto de decisiones económicas y políticas del Ejecutivo. Las protestas se activaron tras la eliminación del subsidio al diésel, el aumento del costo de vida, la reducción del aparato estatal y una crisis persistente en el sistema de salud, factores que, en conjunto, profundizaron la precariedad social.
Excepcionalidad
El informe elaborado por la periodista Nicole Cuenca para INREDH señala que estos hechos se inscriben en una normalización del estado de excepción, iniciado con la declaratoria de Conflicto Armado Interno en 2024. Este marco permitió la intervención constante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, diluyendo límites entre lo civil y lo militar, y reduciendo mecanismos de control institucional.
Desde el ámbito legal, se advierte que la participación permanente de militares contradice pronunciamientos previos de la Corte Constitucional y estándares interamericanos. Cuenca subraya que la militarización no es una respuesta coyuntural, sino una forma de gestión del conflicto social, especialmente en territorios donde existen resistencias comunitarias. El paro dejó al descubierto un modelo de gobernabilidad centrado en la seguridad como eje político. Sin embargo, también evidenció una respuesta social organizada que reclama condiciones de vida, garantías democráticas y espacios de diálogo.
