La reubicación del Centro de Privación de la Libertad Imbabura N 1, ubicado en Ibarra, tomó nuevamente actualidad.
Según el alcalde Álvaro Castillo, la cárcel deberá abandonar el Centro Histórico. El anuncio lo realizó la semana anterior durante una entrevista realizada en la radio La Voz de Imbabura.
Sin embargo, es un tema que el cabildo deberá resolver en conjunto con el Ministerio del Interior, que maneja el sistema penitenciario del país, a través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).
Solicitud de comodato
El burgomaestre informó que hace pocos días tuvo un diálogo con un funcionario de la SNAI, que fue delegado por actual Director General, Mauricio Mayorga. En la cita se habría solicitado que el Municipio de Ibarra, propietario de la infraestructura penitenciaria, entregue al SNAI en comodato el edificio de la cárcel, que está ubicado en las calles Juan de Salinas y Eusebio Borrero. Ante esto, Castillo aseguró que se negó totalmente.
El Centro de Privación de la Libertad funciona en un vetusto edificio, de paredes de adobe y cubierta de teja, construido hace más de un siglo. Está ubicado en una zona residencial y junto a una unidad educativa, lo que ha generado conflicto permanente con la ciudadanía.
Para Olmedo Moncayo, presidente del barrio Libertador, la ley prohíbe que las cárceles estén dentro del Centro Histórico de las ciudades.
Además, al colindar con una escuela, las autoridades responsables deberían dar prioridad a la educación. Pero, quizá, lo que más -incómoda, asegura, es que la calle Salinas está bloqueada desde hace 15 años, por personal de la fuerza pública, que ocupa la vía.
A ello se suman denuncias de vecinos de la cárcel, que aseguran que hay una creciente inseguridad en el sector.
Una alternativa
“He hablado con los cinco últimos directores del SNAI -a los que se les he exigido que mejoren la infraestructura-. Pero, me han dicho que no pueden invertir en un edificio que no pertenece a su institución”. La alternativa que se ha planteado es entregarles 10 hectáreas, de terrenos que serían expropiados, para construir un verdadero Centro de Rehabilitación Social, fuera de la ciudad.
