La condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025, ha polarizado a la sociedad argentina. Medios como La Nación, Clarín e Infobae aprueban el fallo como un avance contra la corrupción, mientras Página/12 lo enmarca como lawfare. Ámbito Financiero analizaría sus implicancias económicas y políticas. Más allá de las posturas, este caso exige claridad y respeto al debido proceso. La justicia debe actuar con transparencia, explicando sus fallos y aplicando la ley sin privilegios ni persecuciones políticas, sea de derecha o izquierda. Al igual que ocurrió en Ecuador, se trata de un año electoral. Hay que evitar que la justicia sea vista como un instrumento político para eliminar al contendiente, sino como un elemento crucial para fortalecer la confianza ciudadana. El caso de Kirchner es una oportunidad para consolidar un sistema judicial independiente.