La organización indígena afirmó que el operativo se realizó bajo el pretexto de trasladar un “convoy humanitario”, aunque aseguran que en realidad se trató de una acción de intimidación y represión. Según el pronunciamiento, los uniformados ingresaron con armamento y sin previo aviso a comunidades que mantienen un proceso de resistencia.
El movimiento sostuvo que, durante los 23 días de paro nacional, ha mostrado apertura al diálogo con el Gobierno Nacional. Sin embargo, señalaron que no han recibido una respuesta concreta a sus propuestas y que las acciones oficiales han sido interpretadas como “silencio, desprecio y violencia”.
En el comunicado se solicita una reunión directa entre el presidente Daniel Noboa y las organizaciones indígenas, entre ellas la CONAIE, FENOCIN y FEINE. Proponen realizar este encuentro el 15 de octubre en el parque El Arbolito, en Quito, o en la comunidad San Miguel Bajo, en Otavalo. El movimiento exige que el proceso de diálogo comience con la liberación de doce personas detenidas, identificadas como miembros del Pueblo Otavalo. Además, piden la presencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante de transparencia en las conversaciones.
La Federación Chijallta FICI responsabilizó al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Imbabura por las consecuencias de la intervención. Insistieron en que continuarán con una “resistencia firme y organizada” mientras no existan señales de diálogo real y respeto a los derechos colectivos.
